De acuerdo con el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, este fenómeno sigue en aumento en México, sobre todo por acción del crimen organizado y algún tipo de participación u omisión de autoridades.

La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos".

Comité de la ONU

Las desapariciones afectan mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años, no obstante, hay un incremento notable de casos de niños y niñas a partir de los 12 años y mujeres.

Estos casos serían desapariciones vinculadas con la sustracción de menores de edad; como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidios; con el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado y con represalias.

El Comité de las Naciones Unidas reportó además 30 periodistas desaparecidos en el País entre 2003 y 2021.

De ellos ninguno ha sido localizado, advierte, y las investigaciones o sanciones a los responsables no han tenido avances. 

Esta situación, añade, constituye una seria amenaza para la libertad de expresión.

En México hay 98 mil 883 desaparecidos hasta hoy, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas

Crisis forense 

Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.73 por ciento de los más de 52 mil cuerpos no identificados.

Que México enfrente esta crisis, según el Comité, se debe al incremento de los niveles de violencia por la militarización de la seguridad pública y el gran número de personas desaparecidas. 

Además, señala la ineficacia de los servicios forenses por el inadecuado diseño institucional y las carencias en infraestructura, equipamiento y  presupuesto, entre otros factores.

En su informe, el Comité se pronuncia contra la militarización de la seguridad pública en México y hace un llamado para que el Estado tenga un cuerpo de seguridad civil.

Entre 2007 y 2021, la CNDH emitió 162 recomendaciones a las secretarías de Defensa y Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con desaparición forzada.

El informe revela que un conflicto entre la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda dificulta la localización de personas y acusa que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz tiene una comprensión desvirtuada de la autonomía, una suerte de discrecionalidad que se traduce en resistencia a colaborar e intercambiar información.

El Comité llamó a aclarar las competencias de la FGR, las fiscalías locales y las comisiones de búsqueda, y asegurar la implementación de los protocolos homologados de búsqueda e investigación.

Impunidad casi absoluta

En el informe del CED se indica que al 26 de noviembre de 2021, solo entre 2 y 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias.

Para el Comité, esta impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro a las víctimas.

Lo bueno

El CED destaca, entre otras cosas, la creación del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) en Coahuila y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

El CRIH está enfocado a la identificación de los restos hallados en fosas clandestinas de la región, mientras que el MEIF fue creado por impulso de familiares de personas desaparecidas para atender la crisis por los más de 52 mil cuerpos sin identificar en el País.