A partir del 1 de septiembre, la LXV Legislatura del Congreso de la Unión tendrá la oportunidad de orientar las políticas del País para superar las crisis ambiental, climática y sanitaria que enfrenta.
México vive en una condición ambiental frágil por su tendencia a perder o degradar su naturaleza. Si continúa, pone en riesgo a las generaciones presentes y futuras, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Frente a tal escenario, el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones delineó los principales retos ambientales que deberán abordar los legisladores recién electos en cuanto comiencen sus funciones.
Las instituciones que forman este organismo son el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, la UAM, la Ibero, el Centro GEO, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS), la Fundación Heinrich Böll y la Iniciativa Climática de México (ICM).
Agua
“No es sequía, es saqueo” es una frase que sintetiza el mal gobierno del agua en el País, asegura Pedro Moctezuma Barragán, académico de la UAM.
En México opera un sistema único de concesiones sobre las aguas nacionales, que está sujeto a una dinámica de compra-venta, por lo que persiste el acaparamiento del líquido: sólo el 2 por ciento de los concesionarios acumulan el 70 por ciento del volumen de agua concesionado.
La actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) no sólo ha provocado la distribución inequitativa del recurso, sino que impide la participación efectiva de la ciudadanía para la resolución de conflictos socio-hídricos.
El año pasado, se presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), que cuenta con el respaldo de más de 198 mil firmas de ciudadanos.
Sin embargo, la LXIV Legislatura no la dictaminó ni aprobó, por lo que los legisladores entrantes podrán destrabar su aprobación con el fin de garantizar el derecho al agua, estipulado por el artículo 4 de la Constitución.
Energía
Promover las energías renovables es una responsabilidad del Gobierno y el Congreso de México porque son más baratas, limpias y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero que las fósiles, apunta Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México (ICM).
A partir de la aprobación de las modificación a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se corre el riesgo de incrementar el uso de combustibles fósiles para generar electricidad y de que se frene indefinidamente la producción y consumo de energías provenientes de renovables.
La actual Legislatura dejará propuestas de adecuaciones a la LIE, como la de revisar y, en su caso, cancelar contratos con particulares si se constatan violaciones a normas o corrupción.
“No es razonable ni justo tratar de dejar en manos de la Secretaría de Energía (Sener) o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la cancelación arbitraria de cualquier contrato que haya sido preparado en estricto apego a la legislación vigente”, indica Fernández.
La Legislatura entrante tendría que promover las energías renovables basadas en el respeto a los dueños de la tierra, como ejidos y comunidades, para que si deciden participar en contratos con empresas lo hagan con consentimiento previo, libre e informado.
Minería
La Ley Minera de México es la más permisiva de América Latina, así que ha permitido la destrucción ambiental, afectaciones a la salud pública y a economías locales, desastres sociales y violaciones de derechos, denuncia Leticia Merino, coordinadora del SUSMAI de la UNAM.
La laxa legislación, la mano de obra barata y la riqueza mineral del País convirtieron a México en el cuarto destino de inversiones mineras. Las actividades de este sector abarcan una extensión equivalente a la superficie de Chihuahua e incluso operan en 74 Áreas Naturales Protegidas (ANPs), indica la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Máxima Casa de Estudios.
Con la actual ley es posible que empresas internacionales accedan a los recursos del subsuelo, propiedad de la nación. También se pueden otorgar concesiones mineras sin el consentimiento de los dueños de los territorios o si se oponen mediante una “ocupación temporal”.
No está regulado el uso de sustancias altamente tóxicas como el cianuro y el mercurio ni se prohibió la minería en ANPs ni sitios arqueológicos o sagrados.
Por lo tanto, Merino insta a los nuevos miembros del Congreso, en especial a quienes representan entidades con concesiones mineras, a frenar las afectaciones de esta actividad amparada por una ley que respalda la impunidad de las empresas porque no considera violaciones a derechos humanos, laborales o ambientales como causas de cancelación de concesiones.
Plaguicidas
A pesar de avances recientes en la regulación de plaguicidas, en México aún están autorizados más de 180 de estos productos considerados de alta peligrosidad y 140 que están prohibidos o no autorizados en otros países.
Por lo tanto, la LXV Legislatura debe trabajar en una Ley General de Plaguicidas que contribuya a garantizar un sistema alimentario sano, justo y ambientalmente sostenible, sostienen Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), y Omar Arellano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
La regulación debería contemplar una reforma al Código Penal para incluir como causa de proceso la omisión o acción deliberada de usar plaguicidas que afecten la salud de los jornaleros y sus familias.
También promover que el sector agroindustrial contrate un seguro de gastos médicos mayores para jornaleros que incluya enfermedades que puedan derivar de la exposición a estos productos.
Asimismo, es necesario establecer las bases para un Plan Nacional de Reducción de Uso y Prohibición Progresiva de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) que garantice el derecho a saber cuánto, dónde y qué tipo de sustancias se usan en territorios específicos.
Responsabilidad Ambiental
La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental considera que el daño ambiental es inexistente si fue manifestado por el responsable y explícitamente identificado, delimitado, evaluado, mitigado, compensado y autorizado por autoridades como la Semarnat o la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Por eso es necesario legislar para que las adversidades de los daños causados se relacionen directamente con la afectación ambiental, no de acuerdo a la actuación empresarial y administrativa, señala Marisol Anglés Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Por ahora, se podrían generar graves daños al medio ambiente de difícil reparación si quienes los realizan argumentan ante tribunales que los daños no existen porque cuentan con algún acto administrativo que los ampare, de acuerdo con la especialista.
Las acciones de restauración deben privilegiarse porque las compensaciones económicas difícilmente reestablecen a la naturaleza. Asimismo, se tienen que eliminar la prescripción de 12 años para que las acciones de daño sean imprescriptibles, considera la experta.
Fuente: “Agenda ambiental 2021 para la LXV Legislatura” del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones.