México, a la cabeza de violencia política

La violencia contra Alcaldes en México es una tendencia sistemática por parte del crimen organizado contra funcionarios locales en el País.

En 2024 alcanzó uno de sus niveles más altos, desde 2018, tras las elecciones generales de junio, alerta la organización Datos de ubicación y eventos de conflictos armados (ACLED, por sus siglas en inglés).

México lideró la violencia contra funcionarios locales (340 eventos), por arriba de países como Myanmar (305), India (272), Nigeria (137) y Filipinas (119), fueron los sitios de más riesgo para los políticos locales, señala el documento.

“Los ataques son atribuibles en gran medida a grupos del crimen organizado que buscan influir en los resultados electorales, atacando a funcionarios que probablemente no cooperen con sus intereses. La violencia se ha concentrado especialmente en estados disputados por grupos criminales, como Guerrero, Veracruz, Michoacán y Guanajuato”, advierte la organización.

En su informe fechado en mayo, la institución encargada de recopilar y analizar la inestabilidad en varias regiones del mundo, destacó que el 6 de octubre de 2024, un grupo armado asesinó y decapitó al Alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos, tan solo seis días después de haber asumido el cargo.

“La ACLED registra más de 340 eventos en 2024, la cifra más alta a nivel mundial. La mayor parte de la violencia se desarrolló en el contexto del proceso electoral, uno de los más grandes en la historia de México, e involucró ataques contra funcionarios electorales y candidatos, a menudo funcionarios locales actuales o anteriores”, indica.

Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chiapas repuntaron en la violencia contra políticos.

La organización expone que los niveles de violencia fluctuaron a lo largo del ciclo electoral, con picos notables tras el final del periodo de precampaña y el registro de candidatos locales en febrero, en torno a las elecciones del 2 de junio, y de nuevo en octubre, cuando los funcionarios electos asumieron sus cargos.

El diagnóstico resalta que los intereses criminales no fueron los únicos impulsores de la violencia; la competencia entre contendientes políticos locales también avivó la violencia en torno a las elecciones, al igual que los incidentes relacionados con el descontento por los resultados.

“En Chiapas, el segundo estado más violento para los funcionarios locales, casi la mitad de los eventos ocurrieron en torno a la votación, y la mayor parte se debió a que simpatizantes de partidos dañaron material electoral y propiedades para obstruir o impugnar los resultados. El estado también es un foco de disputas territoriales por el control de la frontera, lo que hace que el proceso electoral sea particularmente volátil”, menciona.

A esa violencia, añade, se suman los picos de violencia provocados por “el cambiante panorama pandillero de México“.

“Muestran que el riesgo para los funcionarios locales no se limita a los periodos electorales y de transición política. En Sinaloa, la violencia contra funcionarios se había mantenido históricamente baja debido al dominio del Cártel de Sinaloa y a sus antiguos vínculos con las autoridades locales.

“Sin embargo, el estallido de una lucha interna de poder entre las facciones del Cártel, Los Chapitos y El Mayo, en septiembre, desencadenó un aumento de los incidentes. En 2024, más de la mitad de todos los ataques contra funcionarios locales en Sinaloa, incluyendo robos de vehículos contra los Alcaldes de Mazatlán y San Ignacio, ocurrieron tras el estallido del conflicto”.

Para ACLED, la decisión de atacar a funcionarios refleja los intentos de los grupos armados de presionar a las autoridades para que prioricen sus intereses sobre los de sus rivales en su disputa territorial y refuercen el control territorial y la influencia sobre las operaciones policiales.

“Además, a medida que se debilita el control del Cártel de Sinaloa, sus rivales podrían intentar llenar cualquier vacío de poder emergente y coaccionar a los funcionarios para asegurar el control territorial”, considera la organización internacional.

Ediles, el eslabón más débil

Los Presidentes Municipales en México están a merced del crimen organizado, que al final incide en las decisiones de los Ayuntamientos a punta de pistola, advierten expertos.

“Los Alcaldes, siempre hemos dicho, es que como que el eslabón más débil de filtración del crimen organizado en las decisiones políticas, es justo a niveles locales y municipales, por eso lo leemos como una intención de grupos de la delincuencia organizada por incidir en la política, entonces cuando hay nuevos acuerdos, o hay una ruptura de algún acuerdo, o cuando hay coerción por parte de grupos de la delincuencia organizada con los gobiernos locales, es cuando estalla la violencia”, asegura Itzel Soto, analista de datos de Data Cívica.

La coordinadora del proyecto de Votar entre Balas alerta que el crimen opera en los municipios desde que los Alcaldes son candidatos.

”Lo que decimos es que vemos que se deben fortalecer justo los Gobiernos locales, porque es ahí donde estamos viendo que ocurre cotidianamente la violencia política, y lo vemos también, si sólo analizamos candidatos, vemos que son sobre todo a nivel municipal, la mayoría de las víctimas, 8 de cada 10 víctimas que tenemos en la base de datos.

“(Los ataques) tienen picos siempre, si vemos los datos por mes, hay picos siempre que hay elecciones locales, entonces en 2021 vimos un pico justo un mes antes, es la tendencia que vemos, un mes antes de las elecciones locales vemos un pico de violencia extrema, entonces en mayo de 2021 vimos un pico de casos, y en mayo de 2024 también vimos un pico de casos de violencia criminal, y por ejemplo en estados como Veracruz, el mes pasado, justo antes de las elecciones locales, vimos también un pico, un alza de ataques en contra de, pues no sólo candidatos, sino en general funcionarios públicos, y lo que vemos es que desde 2018 hasta junio de 2025, no ha disminuido la tendencia de violencia política en el País, y que al contrario, sigue aumentando, sobre todo el año pasado, que hubo elecciones”, indica Soto.

La investigadora alerta que la violencia contra funcionarios locales ya es generalizada para todos los partidos políticos.

“Es algo que es generalizado en contra de todos los partidos políticos. Lo vemos con los datos, entonces creemos que debe haber un compromiso por tratar de eliminar estos acuerdos informales o infiltración de crimen organizado dentro de la política”, considera.

“Pensamos que es lo que profundamente lleva a que haya este tipo de expresiones de violencia política. Pero ningún partido político se ha pronunciado, digamos, por hacer esto. Entonces, pues sí, nosotras no creemos que sólo es una solución de corto plazo, llevar más seguridad (a los municipios). Pero realmente eso no va a transformar, este tipo de violencia, lamentablemente, a nivel profundo”, añade.

De acuerdo con el reporte Votar entre Balas, de 2018 al 31 de mayo de 2025 se han registrado en México 2 mil 510 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de Gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales.

“A este tipo de violencia la denominamos violencia político-criminal. En México, esta violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios”, agrega el estudio.

En lo que va a de la Administración de Claudia Sheinbaum, han sido asesinados ocho alcaldes.

El 17 de junio, tras su segunda gestión consecutiva como Alcaldesa, la morenista Martha Laura Mendoza Mendoza fue asesinada a balazos frente a su domicilio en Tepalcatepec, en la Tierra Caliente de Michoacán.

Marginados

Desde junio de 2023, International Crisis Group (ICG) –organización civil que realiza estudios para alertar de guerras y definir políticas que construyan entornos más pacíficos– advirtió que los Alcaldes mexicanos, que son frecuentemente atacados por el crimen organizado, han sido marginados en la lucha por contenerlo.

“La corrupción local y la magnitud de la violencia llevaron a las autoridades nacionales a minimizar el poder de los Gobiernos municipales y recurrir al Ejército para supervisar la seguridad pública”, anota en el estudio “México y sus alcaldes olvidados: gobierno local y la lucha contra el crimen”.

“Los grupos criminales mexicanos se han fragmentado. La lucha contra este flagelo requiere una estrategia de seguridad que esté en sintonía con la naturaleza específica de las oleadas delictivas locales. La Policía militarizada y centralizada no es adecuada para esta tarea”, expone.

Para ICG, las Alcaldías deben establecer una nueva generación de acuerdos de cooperación en materia de seguridad con otros niveles del Estado, reforzando las fuerzas policiales locales, garantizando una división del trabajo más eficiente y permitiendo un mejor intercambio de inteligencia.

“Estos acuerdos deben incluir estrictos controles anticorrupción”, subraya.

Añade que en la mayoría de los municipios más violentos, múltiples grupos criminales se enfrentan por el control territorial.

“Mientras que las fuerzas del orden han tendido a centrar sus esfuerzos en combatir las grandes operaciones de narcotráfico, un número cada vez mayor de organizaciones criminales se han tratado de diversificar en nuevos negocios, extrayendo ganancias de la producción y distribución de productos lícitos, así como del robo de combustible.

“En el estado de Michoacán, por ejemplo, los grupos criminales se han dedicado en gran medida a extraer rentas de cuatro fuentes de ingresos: aguacates, limones, mineral de hierro, y el control de exportaciones e importaciones desde el puerto de Lázaro Cárdenas.

“En Guanajuato, actualmente el estado más violento de México, una guerra territorial en curso entre el Cártel de Santa Rosa de Lima, una organización centrada en el robo de combustible que recientemente amplió su portafolio para incluir el narcotráfico, y el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha sido la principal fuente de asesinatos, incluida la masacre de 12 personas en la ciudad de Irapuato en 2022”, puntualiza ICG en ese diagnóstico.

Influye crimen

En el marco de las pasadas elecciones en Veracruz, en las que se eligieron 212 Alcaldes, el investigador Francisco Montfort, remarca que el crimen influyó en los comicios.

“O sea, los primeros que votaron y dijeron quién sí participa y quién no, fueron los agentes del crimen, organizados o desorganizado, ellos fueron los que predeterminaron quiénes serían contendientes y quiénes no.

“Y esta violencia, que no tiene que ver con lo que entendemos realmente por política, es decir, en el juego del poder, para ejercer y tomar decisiones a nombre de una sociedad, esta violencia tiene que ver más con los intereses reales de los delincuentes.

“Es decir, la intimidación de las próximas autoridades, el tener acceso a posiciones que le exigen a los candidatos ganadores. Esta violencia se ha desatado y ha estado permeando a tal grado que todavía hace unos días hubo la renuncia de un Edil, y a otro más se le vinculó con problemas del crimen organizado y tuvo que renunciar”, explica Montfort.