EL PAPEL DEL IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sería el encargado de autorizar la operación de toda red social que tenga más de un millón de usuarios, así como de establecer los requisitos necesarios para que las plataformas puedan dar servicios.

LAS MULTAS

La iniciativa contempla sanciones hasta por 89 millones de pesos por bajar el perfil de algún usuario.

“Lo anterior ante la imposibilidad de determinar los ingresos acumulables en términos del ISR de las plataformas de las redes sociales, aunado a que, lo que se pretende con la sanción, es que sea disuasoria, y para que estos efectos se materialicen, la multa impuesta deber ser significativa”, se lee en el proyecto.

ÁREA DE QUEJAS

Las plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras, deberán contar con un área dedicada a recibir quejas de usuarios que presuman que se ha coartado su libertad de expresión.

Tendrán que tener un área específica que cuente con personas físicas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes determinarán si una cuenta debe ser cancelada permanentemente; para esta tarea, el uso de algoritmos quedaría prohibido.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Las redes sociales podrán establecer en los términos y condiciones de servicio un mecanismo para suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o, en su caso, cancelar en forma definitiva una cuenta, siempre y cuando tales términos y condiciones hayan sido previamente autorizados por el IFT.

Para cambiar los términos y condiciones del servicio, las redes sociales tendrán que contar con autorización previa de este organismo.

AMPAROS

La legislación propuesta ofrece la posibilidad, contra las resoluciones que pueda emitir el IFT, de que proceda el juicio de amparo en términos de las leyes vigentes “a efecto de interponer la queja correspondiente, queja que también podrá ser impuesta por el usuario contra la decisión del autorizado cuando niegue el levantamiento de la suspensión o cancelación de la cuenta o eliminación de contenidos”.

PROHIBICIÓN DE USO DE ALGORITMO

El ordenamiento propuesto establece “la prohibición a los autorizados de usar algoritmos o tecnologías sistematizadas para cancelar cuentas de manera definitiva”.

INE, PUNTO Y APARTE

La legislación deja a salvo las atribuciones constitucionales y legales del INE en materia político-electoral, “para el efecto de que, como árbitro del proceso electoral, pueda determinar todo lo relacionado con las redes sociales y los sujetos obligados en la materia”.

DERECHOS HUMANOS, EL ARGUMENTO

La iniciativa refiere que derechos fundamentales como la libertad de expresión “no deben ser establecidos por empresas privadas, sino por el órgano democrático encargado de legislar, ya que corresponde únicamente a este manifestarse respecto del catálogo de derechos humanos que derivan directamente de la Constitución”.