Por Miriam García
Plantea castigar violencia por lactancia
Para que se configure como un acto de discriminación en razón de género o acoso y se sancione a quien prohíba, limite o restrinja el amamantar en un espacio público, Jessica Elodia Martínez presentó un paquete de iniciativas.
La coordinadora de Morena dijo que actualmente la violencia por lactancia no está definida en ningún ordenamiento, por lo que estas reformas serían las primeras en ese sentido.
Martínez planteó para ello modificaciones al artículo 7 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León; a los artículos 5 y 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al 271 Bis 2 y 353 Bis del Código Penal.
“Estamos preocupadas y preocupados porque en México, sólo el 28,6 por ciento de los bebés, niños y niñas, tienen lactancia y ésta es muy importante en la primera infancia y por ello es muy importante que trabajemos para fomentar la lactancia”, expresó.
“Lo que buscamos es que no se discrimine a las mujeres que están lactando en espacios privados o públicos por falta de lactarios y que, por hacerlo, reciben comentarios ofensivos o, incluso, acoso.
“Entonces lo que estamos buscando es sancionar tanto el acoso como prohibir que se les hagan comentarios negativos hacia las madres y que se considere discriminación y se sancione como tal, el hecho de prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos y añadir también el concepto de violencia por lactancia que es cualquier tipo de intimidación o agresión física o verbal que se ejerza en contra de una mujer en periodo de lactancia”.
Solicitan liberar recursos para la atención a feminicidios
Ante el aumento en la cantidad de feminicidios en Nuevo León, es urgente que se liberen los recursos que están presupuestados para la atención de ese problema y que no se retenga más, demandó hoy Perla Villarreal.
La Diputada local del PRI dijo que las autoridades estatales deben dar una explicación del por qué no han llegado los recursos a los Municipios con Alerta de Género, cuando ya han pasado casi dos terceras partes del año.
“Se ha hecho notar que no ha llegado el presupuesto para atender la problemática que se tiene con los feminicidios y hubo cambios en la Secretaría de la Mujer, pero hacemos un exhorto, un llamado para que se baje el presupuesto a los Municipios, urge que se haga, porque ya han pasado muchos meses y necesitamos que se tomen cartas y líneas de acción sobre los feminicidios”, expresó.
“El Congreso realizó s trabajo, se dio el presupuesto para atender esta grave problemática y vemos que ya han pasado bastantes meses y el recurso no se ha bajado, entonces necesitamos que si se creo una secretará específicamente para estos temas, ya es tiempo que se pongan a trabajar, se pongan a ejercer el recurso y se entregue el recurso.
“Pedimos que se entregue el recurso y pedimos que se aclare, que se explique, por qué el presupuesto no ha llegado a los Municipios, no sabemos si sea por falta de planeación o qué, por eso pedimos que se informe, que se pongan las cartas sobre la mesa, porque es preocupante que los feminicidios vayan a la alza y que no se apliquen los recursos, urgen acciones ya”.
Llama a enfocar Presupuesto 2023 a temas ciudadanos
Sacar adelante los temas pendientes y enfocar el Presupuesto para el 2023 a la atención de problemas y demandas ciudadanas, llamó Francisco Cienfuegos a los Diputados locales del PRI previo al arranque de su segundo año de ejercicio.
El ex Diputado local priista y secretario de enlace legislativo del CEN tricolor, dijo que respetan la agenda que defina a bancada priista.
“Lo principal es cumplir con los temas que hayan quedado pendientes en el primer año de ejercicio legislativo y, segundo, hacer caso a la voz de la gente, que aquellos temas que hoy estén afectando, como el tema de la regulación del cableado, deben tratarse”, expresó.
“Esos temas son los que van a tener la agenda legislativa del PRI de recomendación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Vamos a ser respetuosos, desde el CEN, de la actividad en los Congresos locales y que tanto los Diputados, como en voz de su coordinador, puedan encaminar las reformas que sean de beneficio para cada uno de los Estados”.
Dijo que en cuanto al análisis del Paquete Fiscal para el 2023, que deberá discutirse y aprobarse en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, debe anteponerse el dar prioridad a las demandas de los ciudadanos.
“Lo que se pide principalmente”, añadió, “es revisar aquellas partidas presupuestales que están en subejercicio y replicar lo que haya tenido un buen impacto costo-beneficio entre los ciudadanos”.
Exigen regular cables en zona metropolitana
A fin de promover el retiro de cables en desuso de las vías públicas, legisladores locales del PRI presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil del Estado y a la Ley de Asentamientos Humanos.
Acompañados de vecinos del sur de Monterrey que integran la asociación “No más cables Nuevo León”, los Diputados locales del PRI Lorena de la Garza, Perla Villarreal, Ana González, Alhinna Vargas y Ricardo Canavati Hadjópulos presentaron la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso.
“Estamos presentando reformas a la Ley de Protección Civil y a la Ley de Asentamientos Humanos para que se haga una especie de regulación cablera en Nuevo León, empezando por la zona metropolitana, no sólo por el problema de la imagen urbana, sino también por el de seguridad y protección de los ciudadanos que hay tenido accidentes ante los cables en desuso”, expresó De la Garza.
“Lo que queremos es que esta regulación entre como un mecanismo para poder proteger a los ciudadanos.
“Uno de los puntos que estamos planteando es que cada 6 meses se haga una revisión de las instalaciones para ver qué tanto cable se tiene que quitar de la vía pública y que el Municipio llame a los prestadores de los servicios a que hagan una limpia de la infraestructura”.
Detalló que para lograr acciones integrales, además de esas reformas, es necesario que a nivel federal los legisladores por Nuevo León impulsen cambios en la Ley de Telecomunicaciones.
Villarreal agregó que las reformas a la Ley de Protección Civil van encaminadas a que las áreas en la materia puedan revisar las condiciones de los cables y se pueda hacer un llamado a las empresas de telecomunicaciones para retirar lo que no se usan.
Además, Vargas dijo que en materia de desarrollo urbano se busca facultar a los municipios para que puedan responsabilizar de alguna manera a las empresas cableras y de telefonía a que retiren los cables en desuso.
“Un dato que nos comparten los vecinos de No más cables Nuevo León”, añadió, “es de que el 80 por ciento de cableados que está en la vía pública, o más, está completamente en desuso y nada más está ahí generando riesgos a la seguridad de las personas y afectando la imagen urbana y estética, por eso no más cables.
“El cable que se retire se puede reutilizar, se puede reciclar”.
En la entrega de la iniciativa también estuvo Francisco Cienfuegos, en su calidad de secretario de enlace legislativo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
“Lo que se busca es que las empresas de telecomunicaciones hagan consciencia de que están haciendo negocio y que no pueden ser ni el ciudadano ni la autoridad los responsables de ordenar el negocio que ellos están haciendo, se debe tener una infraestructura construida por el Municipio, pero con costo a las mismas cableras que están haciendo negocio”, expresó.
Plantea mejorar el uso de los recursos que ingresan al Estado por concepto de impuestos a los taxis digitales
Con la intención de hacer un mejor uso de los recursos que ingresan al Estado por concepto de impuestos a los taxis digitales, Tabita Ortiz presentó hoy una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad.
La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que en la iniciativa plantea reformas para agregarle obligaciones en materia de transparencia Instituto de Movilidad.
Agregó que la Ley de Movilidad en su artículo 106, establece un impuesto del 1.5 por ciento a todos los viajes que se realicen en aplicaciones de taxis digitales y establece que todos esos ingresos deberán usarse exclusivamente para proyectos que mejoren la movilidad.
“Etiquetar fondos es una práctica común para darle mayor certeza a los recursos, en este caso descubrimos un área de oportunidad, puesto que la transparencia de dicho dinero era deficiente. Incluso, se hizo una solicitud de transparencia y no se pudo determinar con certeza en qué se habían usado los ingresos en la Administración anterior”, expresó.
“Es por eso que la propuesta pretende que, además de cumplir con las obligaciones plasmadas en la Ley de Transparencia, el Instituto tenga la obligación de generar un reporte donde informe los ingresos por concepto de las contribuciones del artículo 106, en qué proyectos se gastaron y poner la información de fácil acceso a la gente”.