Los cinco amigos de Lagos de Moreno, Blanca Yolanda Figueroa, los hermanos Camarena y más recientemente los chicos de la Central Nueva. Ellos están entre las 9 mil 40 personas que fueron vistos por sus familias por última vez durante la Administración de Enrique Alfaro, es decir, entre 2019 y octubre de 2024.
En el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD) hay un total de 15 mil 348 desaparecidos. Esto significa que en el sexenio de Alfaro se reportó el 60 por ciento de los casos.
El año con más casos en la Entidad fue el 2019, pues sumaron mil 740 desapariciones; para 2020, Jalisco se convirtió en primer lugar nacional en víctimas de este delito, puesto que no ha dejado.
Una crisis que se agrava
Estos son los casos de desapariciones que se reportaron en las gestiones más recientes.
Por la falta de avances reales en las investigaciones, año con año fueron surgiendo colectivos de familiares de personas desaparecidas. Mientras en la gestión de Aristóteles Sandoval surgieron dos -Fundej y Por Amor a Ellxs- en la Administración emecista sumaron más de 20 agrupaciones.
Fueron los grupos de familiares los que colaboraron y presionaron a las autoridades, con ayuda de expertos y asociaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que en 2021 se publicó la Ley de Personas Desaparecidas.
Aunque las organizaciones han reconocido avances, como el aumento en los presupuestos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión de Búsqueda, también han acusado pendientes desde hace tres años, entre ellos reglamentos clave y el Programa Estatal de Búsqueda.
"Durante este año hemos visto muchos casos, de denuncias de desaparición, que generan una marcha, o dos marchas o tres marchas, ataques, señalamientos, y luego la persona desaparecida pues resulta que se había ido a otro lado por su voluntad, si no entendemos esto, insisto, si no tenemos claro el diagnóstico, nos vamos a equivocar siempre en la receta”.
Por su parte, el Gobierno del Estado ha optado por poner el foco no en las más de 15 mil personas personas pendientes de localizar, sino en las más de 17 mil que reportó como localizadas durante la gestión.
Correspondería a la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda responder a las principales preguntas de las familias: ¿en dónde están sus parientes? ¿Quién está detrás del crimen?
Analistas y los propios colectivos han señalado desde comandos de la delincuencia organizada que entran a domicilios para llevarse a las víctimas hasta jóvenes que, con engaños, son víctimas de reclutamiento forzado.
No obstante, las respuestas de la gestión de Alfaro fueron escasas: la Fiscalía Especial había obtenido apenas 43 sentencias condenatorias de un total de 13 mil asuntos que acumularon hasta septiembre pasado sus 34 agencias ministeriales.
Por otro lado, fue el mismo Gobernador -en su último informe sobre seguridad- el que sugirió que las desapariciones eran voluntarias y lanzó a la sociedad una de las preguntas que debió responder su gestión.
“Cuando se piensa en personas desaparecidas no estamos hablando de secuestros, no estamos hablando de que se pida rescate, no estamos hablando de personas a las que les quisieron robar algo, no, estamos hablando de personas que simplemente desaparecen, y evidentemente la pregunta que la sociedad habría que plantearse con toda seriedad es ¿por qué?
“Y si queremos solucionarlo (el problema), si queremos seguir evadiendo como sociedad un reto, que es un reto social, será imposible resolver y atender este tema”, aseveró.
Información: Enrique Osorio
Fotos: Archivo
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