En varios vuelos desde Bronwsville y McAllen, Texas, niños, mujeres y hombres centroamericanos son deportados a Chiapas y Tabasco.

“Las personas o las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica”, dijo Matthew Reynolds, representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe.

Los vuelos se dan bajo el Título 42, una disposición instaurada durante el Gobierno del ex Presidente Donald Trump al inicio de la pandemia del coronavirus que permite a Estados Unidos expulsar migrantes rápidamente bajo argumentos de salud pública.

En Chiapas, los vuelos llegan al Aeropuerto de Tapachula, y, custodiados por la Guardia Nacional, el INM traslada a los deportados hasta la zona de Talismán, en el Municipio de Tuxtla Chico, donde finalmente los abandona pidiéndoles que crucen a pie el puente fronterizo hacia Guatemala, sin que autoridades de este país tengan conocimiento.

El defensor de migrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Carlos Eduardo Woltke, dijo que las expulsiones se han hecho sin un acuerdo público y sin atención a los migrantes, entre los que se ha detectado a salvadoreños, hondureños y costarricenses, además de guatemaltecos.

“Nadie me dijo nada. Nunca escucharon mi caso y por qué yo me fui a Estados Unidos”, dijo Leiva, de 32 años y oriunda de Yoro, en el centro-norte de Honduras.

“No pude decirles que me estaban extorsionando y que amenazaron con secuestrarme a mi hija pequeña y con llevarse a mis hijos adolescentes para que integraran las maras. Por eso huí de mi país”.

Durante julio pasado, Estados Unidos registró el mayor número de cruces ilegales en la frontera en 21 años, de acuerdo con The Washington Post.

Según los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 212 mil 672 migrantes habían sido detenidos en julio, un incremento de 13 por ciento frente a la cifra de junio.