Cambio institucional, indispensable para el nearshoring
De cara al próximo cambio de Gobierno y a una nueva composición en el Congreso, se requieren rediseñar las instituciones en México para aprovechar la ventana que representa la atracción de inversiones del nearshoring, misma que se cerrará en dos o tres años.
Hasta el momento, México sólo tiene anuncios que no se han materializado, por lo que los cambios son urgentes, consideran integrantes del Grupo por un México Moderno, autores del libro “Con la mirada hacia adelante”.
El grupo de expertos, encabezados por Roberto Newell, ex director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), advierte que el cambio institucional es de tal magnitud, que se requieren acuerdos políticos muy difíciles de alcanzar.
Así como están (las instituciones encargadas de esos temas), no se puede, tiene que venir un cambio significativo, lo cual implica cambios políticos y acuerdos políticos muy difíciles de alcanzar, pero indispensables si vamos a aprovechar el viento que tenemos a favor que es el nearshoring (…) Sin ello, estamos condenados al fracaso; con ello, podemos hacer mucho”, asegura Newell.
El libro, que se presenta el próximo miércoles (10 de abril), recoge propuestas de 18 expertos para realizar cambios institucionales en áreas como educación, salud, energía, finanzas, agua, justicia.
Sin tintes partidistas o ideológicos, aseguran, los expertos clasifican los cambios necesarios en tres niveles: transformacional, significativo y modesto.
Los objetivos son que la población de México alcance ingresos más altos, esté sana, cuente con las destrezas para participar en la economía global, viva con seguridad y aspire a niveles más altos de bienestar.
El desarrollo del nearshoring se presenta como un primer desafío a resolver con instituciones renovadas, encargadas de temas como agua, energía, infraestructura, educación, salud, seguridad, indispensables todos para atraer las inversiones, cuya oportunidad se cierra a la mitad de la próxima administración.
“El tema es que es una oportunidad, todavía no se materializa en una realidad. Lo que tenemos ahorita son anuncios, muchos anuncios, pero es necesario que se materialicen (en inversiones para México)”, considera Guillermo García Alcocer, académico del ITAM, ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía y uno de los autores del libro.
Actualmente, dos terceras partes de las importaciones que está dejando de hacer China a Estados Unidos se están sustituyendo por países de Asia menor y no por México, explica.
“Más que un tema de nearshoring, se está volviendo un tema de friendshoring, de lugares donde les ofrecen infraestructura, pero también Estado de derecho, seguridad, y entonces la oportunidad es una ventana.
“Las (empresas) que se tenían que mover se van a mover y entonces ya estás hablando de marginales. Hoy es una relocalización, es un cambio fuerte, no es inercial, ya después vas a vivir con la inercia de donde nos ubiquemos”, refiere García Alcocer.
Otro de los autores, Eduardo Pérez Motta, ex presidente de la Cofece, reconoce que las inversiones materializadas hasta ahora en México son importantes.
“Ha habido una entrada significativa de inversiones, pero es la puntita del iceberg, y solamente están entrando aquellas inversiones que reciben márgenes tan altos que pueden pagar el riesgo del costo de incertidumbre, de la falta de Estado de derecho. Entonces sí hay una oportunidad enorme de mejorar el diseño de las instituciones que promuevan y aprovechen estas grandes oportunidades”, refiere.
Newell considera que el cambio puede iniciar contratando al talento que se perdió en los últimos años, utilizando herramientas digitales disponibles y respetando la autonomía jurídica y operativa de los organismos reguladores.
Será insuficiente, afirma. Para lograr el cambio se requiere transformar de fondo sectores como salud, agua, educación y sistema judicial.
Lejos de la cobertura universal en salud
Las instituciones en México deben garantizar el derecho a la salud de las personas, independientemente de su condición laboral, del estado de la República en el que se encuentre o a su rango de edad, antes de poder hablar de una cobertura universal, asegura Paulina Hernández.
“No podemos hablar de un derecho a la salud si está supeditado a la situación laboral de las personas, si está en la formalidad o la informalidad, o incluso en qué estado de la República se encuentre, a qué rango de edad pertenece, entonces lo que empezamos a notar es que se habla de una cobertura universal, pero en realidad hay muchos retos para hablar de cobertura universal”, considera.
Algo que quedó descubierto tras la pandemia fue la fragmentación del sistema de salud, pues desaparecieron programas que funcionaban y cuyos beneficiarios hoy quedaron desprotegidos.
Las instituciones en materia de salud requieren una revisión profunda porque tal y como funcionan, no se garantiza el derecho de los mexicanos a la salud, de acuerdo con el análisis de los especialistas que participan en la publicación.
Para Hernández, resulta indispensable un plan que garantice toda la jornada de un paciente, lo cual requiere más inversiones —5.6 por ciento del PIB, de acuerdo con la recomendación de la OCDE—, reubicar recursos y establecer alianzas con el sector privado para aprovechar infraestructura disponible.
La idea, dice, es invertir y planear más allá de los seis años de una administración.
Un ejemplo de colaboración entre el sector público y privado es lo que sucedió con la pandemia de Covid-19, cuando en hospitales privados se atendió a pacientes de instituciones públicas y se aprovecharon todos los equipos disponibles.
Hernández precisa que para evitar sobreutilización se tendrían que diseñar incentivos auditables, pues las instituciones privadas cuentan con equipos médicos en los que ya no tendría que invertir el Gobierno. De esta forma se trabajaba con el Seguro Popular.
“Que se pudiera buscar un convenio para que los pacientes del sector público pudieran recibir tratamiento en estas instituciones del sector privado a través de una cuota que se acordara por paciente”, destaca.
Respecto a la desaparición del Seguro Popular y su sustitución por el IMSS Insabi, resalta que muchos pacientes quedaron desprotegidos y sin opción de acceso.
Lo que existe hoy no ha logrado cubrir lo que dejó el Seguro Popular”, destaca.
Educación, el gran pendiente
A nivel institucional, la educación representa uno de los temas más importantes por involucrar a la tercera parte de la población del País, pero su diseño prácticamente hace inviable responder a la competencia internacional.
El sistema educativo ha logrado cobertura casi total de la educación básica a nivel nacional, pero esto no va ligado a la calidad de la misma, asegura Salvador Malo, ex funcionario de la UNAM y actualmente director general de Aseguramiento de la Calidad en la Educación y el trabajo.
El crecimiento en la cobertura castigó la calidad, se dio un desarrollo desigual, se tiene infraestructura deficiente, una elevada deserción en nivel medio superior y baja graduación en educación superior.
Adicionalmente, expone, el enfoque de la educación se concentra sólo en niños y jóvenes, lo que deja de lado la educación para adultos, además de tener un uso limitado en tecnologías digitales.
La prioridad actual se enfoca en privilegiar a los docentes (y su sindicato), que en los aprendizajes de los alumnos, según se desprende del diagnóstico del libro “Con la mirada hacia adelante”.
Malo Álvarez considera que muchas de las escuelas ni siquiera cuentan con la infraestructura básica para operar, de manera que no puede plantearse el acceso a herramientas digitales para facilitar el aprendizaje.
Si se parte de que las instituciones educativas van a continuar operando como hasta ahora, la propuesta es hacerlo de forma más eficiente, expone.
La SEP tendría que encargarse de la educación desde el nivel preescolar hasta media superior completos, enfocándose en priorizar aprendizajes, mejorar la formación docente, la infraestructura de escuelas, contenido y soporte educativo.
Para educación superior, se plantean alternativas como licenciaturas cortas, más asignaciones prácticas, con otras destrezas relacionadas con búsqueda y proceso de información, así como saber comunicar resultados.
Gestión de redes, prioridad para infraestructura
Agua, fibra óptica, redes de transmisión, distribución y carreteras, son elementos fundamentales que buscan las empresas que quieren instalarse en México.
Sin embargo, cada uno se negocia en forma separada ante municipios, gobiernos estatales y municipales, lo que lleva más tiempo y genera costos adicionales.
Una alternativa para aprovechar el fenómeno de relocalización de empresas es crear una entidad encargada de gestionar todos los derechos de vía, permisos e infraestructura, tal y como en su momento lo hizo el Fonatur con centros turísticos integralmente planeados, propone Guillermo García Alcocer, académico del ITAM y ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía.
Se trata de una propuesta de agencia institucional similar a la que opera en Australia, donde se clasifican e identifican oportunidades y sinergias, además de ofrecer financiamiento barato y agilizar permisos.
Una oficina que se dedique a administrar el derecho de vía. (Actualmente) Hay que ir sucesivamente visitando al dueño del predio para negociar dos, tres o cuatro veces algo que se puede negociar en paquete. Esto va a permitir reducir costos y tiempos de despliegue de infraestructura de redes”, afirma.
Hoy en día, si una empresa busca instalarse en cualquier entidad, requiere por lo menos un año.
Eduardo Pérez Motta, ex presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), señala que en Alemania existe un regulador de redes que realiza la gestión para liberar derechos, pero adicionalmente hay que dotar a cualquier organismo de este tipo de independencia.
“En estos casos, el principio de independencia es fundamental para blindarlos de temas políticos. No mezclan decisiones con elementos políticos, lo que da seguridad a todos los agentes económicos”, destaca.
Tal es el caso de organismos como la propia Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyas facultades están alineadas a las mejores prácticas internacionales, pero que todavía requieren fortalecerse.
En el caso de la Cofece, es posible asegurar la independencia aprovechando la revisión del T-MEC, prevista en 2025 y blindarla presupuestalmente para evitar que sea capturada por el Gobierno.
Otro caso de una institución con andamiaje sólido, pero con alta participación gubernamental es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde la toma de decisiones recae en funcionarios gubernamentales y no tiene independencia presupuestal, afirma Ricardo Henaine, socio y director general para AT Kearny México.
Adicionalmente, dicha institución ha perdido perfiles técnicos, en parte debido al tope salarial para servidores públicos impuesto en esta administración.
“Proponemos que haya un servicio civil de carrera, que los desarrolles con sueldos de mercado y que los protejas por las decisiones que se tienen que tomar. Completar la autonomía técnica. Darle presupuestalmente la autonomía para que puedan hacer cosas de largo plazo, es una de las cosas que faltan”, destaca.
Manejo del agua con sentido económico
En el País, el acceso al agua representa un derecho constitucional y una tercera parte de la población no cuenta con ella.
Con esta idea abre Carlos Casasús, quien fuera presidente de la Comisión de Aguas del Distrito Federal, su análisis sobre la problemática del agua en México.
Los datos para transformar las instituciones encargadas de dotar de agua a los mexicanos son contundentes. El 70 por ciento de las presas ya rebasaron su vida útil, casi la mitad del agua que llega a los sistemas se pierde en fugas, el agua no se trata y el 76 por ciento del agua se usa en el campo, donde no se cobra.
“Es una responsabilidad del sector público y el sistema está en continuo deterioro. No se invierte, no se gasta, no hay responsables y no hay gobernanza ni esfuerzo porque el agua cumpla el derecho constitucional”, afirma.
La razón del deterioro, asegura, es que el agua no se maneja como un bien económico. No hay un sistema de precios que equilibre la oferta y la demanda. El agua no tiene precio, no se cobra y no se mide.
Una propuesta contenida en el libro es llevar a cabo una revisión y una profunda transformación institucional para que el cobro de agua genere los recursos que permitan realizar las inversiones en infraestructura.
Lo primero, es cobrar el agua a los usuarios del campo.
Lo segundo, replantear el papel de la Conagua, que hoy en día no tiene una función económica, sino de gestor de infraestructura.
Tercero, plantear una regulación por cuencas y no a nivel municipal, tal y como lo hace Gran Bretaña, que cobra un precio único por cuenca que sube o baja en función de la disponibilidad de agua.
Las reformas planteadas consideran revisar cuatro temas: el ecológico, para medir contaminación en acuíferos; el desarrollo de enfoque cuencario con economías de escala; desarrollar un sistema de precios y financiar las obras del agua con recursos del agua.
Actualmente, existen 13 cuencas definidas y existen organismos consultivos. La idea es que ellos sean los encargados de la regulación del agua.
Casasús recuerda que en México sí se paga por el agua y es el país que más agua embotellada consume por persona: 286 litros al año.
Con un pago de 15 pesos por litro, esto suma 32 mil millones de dólares, es decir, 2 por ciento del PIB.