Aplicar el Protocolo Código Azul
Una de las propuestas se materializó en el Protocolo Código Azul, presentada desde junio de 2019 por la Red de Asociaciones Policiales y Ministerios Públicos de Occidente.
Se trata de una serie de medidas que la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y las comisarías de todos los municipios del Estado tendrían que aplicar de forma homologada para mejorar las medidas de seguridad de los uniformados, sobre todo quienes realizan detenciones de alto impacto.
Tras solicitar por escrito a sus mandos la activación del protocolo luego de recibir amenazas, los policías recibirían el apoyo con traslados al domicilio y al trabajo, escolta y la portación de arma de fuego fuera del trabajo por un lapso de 15 días, que se podría extender si consideran que la amenaza sigue latente.
¿Qué hay actualmente?
No hay ninguna obligación de los mandos a proteger a su personal en sus días de descanso, y cada uno aprueba y aplica según considera, ciertas medidas.
La de Guadalajara es una de las Comisarías más próximas al Protocolo Alba, y otorga desde 2019 permisos especiales para portar arma de fuego en su descanso a uniformados que considera que lo ameritan por haberse implicado en un caso de alto impacto o haber recibido amenazas directamente.
Desde octubre de 2018 a mayo de 2021, la Comisaría de Guadalajara acumula 7 policías asesinados.
Indemnizar a las familias de los policías
Proteger económicamente a las familias de los policías ha estado también entre las exigencias de los uniformados, sobre todo de quienes son víctimas de homicidio o desaparición, y aunque incluso han habido iniciativas de reforma de ley en el Congreso del Estado, no ha habido cambios.
En febrero de 2020, la entonces diputada por el PRI, Mariana Fernández, propuso modificar el Artículo 28 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para indemnizar a policías de larga carrera que fuera víctimas de desaparición.
Las familias recibirían 3 meses de salario del uniformado, partes proporcionales de aguinaldo y prima vacacional, el pago de 12 días de trabajo por cada año laborado, a quienes tengan más de 15 años de trabajo. La propuesta no se materializó.
Obtener seguro de vida
Un alto porcentaje de los policías, principalmente en el interior del Estado, no cuentan con seguro de vida, por lo que al morir en cumplimiento de su deber al dolor de la pérdida, las familias suman la incertidumbre económica.
Entre diciembre de 2018 y mayo de 2021, en Jalisco han sido asesinados 63 integrantes de corporaciones de seguridad, pero los parientes de algunos de ellos han batallado para salir adelante tras las muertes.
Dignificar las condiciones laborales de los policías
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco realizó un ejercicio de revisión que incluyó entrevistas con policías, solicitud de datos y revisión de condiciones de trabajo, y concluyeron que los policías trabajan en condiciones precarias y pidió a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado, dignificar dichas condiciones para los uniformados.
“El Estado no ha ejercido plenamente sus atribuciones, para generar políticas públicas que incidan en el debido reconocimiento a su labor, mediante de mejoras integrales que fortalezcan y dignifiquen el servicio profesional de la carrera policial, por su obligación de garantía”, dice la recomendación general 1/2020 de la CEDHJ.
Y mientras, los policías siguen expuestos
Entre diciembre de 2018 y mayo de 2021, suman 22 policías desaparecidos, 6 de ellos fueron localizados luego muertos y con huellas de violencia, entre ellos Mario Alberto Villa Arce, privado de su libertad el 2 de mayo cuando paseaba a su perro, y encontrado sin vida en una casa de seguridad en la Colonia Ladrón de Guevara. Con su asesinato, los uniformados vuelven a pedir que las condiciones de trabajo mejoren, a la espera de al fin ser escuchados.
Información: Enrique Osorio