La saturación que padece el Servicio Médico Forense, por ejemplo, quedó evidenciada, de nueva cuenta, luego de que a Grupo REFORMA llegaran unas imágenes que muestran cuerpos en tarimas.
Pero este no ha sido el único caso polémico que ha envuelvo al organismo público descentralizado.
En febrero pasado, colectivos de la comunidad LGBT denunciaron que, pese a que el IJCF tenía el cuerpo de Susana Silvestre León y a que familiares fueron a preguntar por ella varias veces, el instituto negó, por casi cuatro meses, tenerlo bajo resguardo.
El 9 de noviembre del año pasado, peritos colocaron mantas en las instalaciones centrales para manifestar que trabajaban bajo protesta ante falta de aumento salarial. En 2016 también hubo protesta.
El 6 de agosto, también de 2020, un perro ingresó al anfiteatro de Lagos de Moreno y se llevó restos de un cadáver. El caso exhibió fallas en las puertas del lugar y en la vigilancia.
Ese mismo mes, la Comisión de Derechos Humanos Jalisco emitió la Recomendación 25/2020 dirigida a varias autoridades, entre ellas el IJCF, por tratar el feminicidio de Liliana Carrillo como un suicidio. La joven wixárika fue asesinada por su esposo.
En septiembre de 2018 se descubre que 322 cadáveres habían sido acumulados indebidamente en las cajas de dos tráileres. En una, dijo el entonces Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, había 273 cuerpos y en la otra alrededor de 49. El primer vehículo deambuló por la ZMG hasta que fue descubierta en las inmediaciones del Fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco.