DE CERCANO AL PAPA A DENUNCIADO
Angelo Becciu fue Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, uno de los cargos más poderosos de la Curia Romana, y asesor muy cercano al Papa Francisco.
Tras una serie de escándalos que salieron a la luz durante dos años de investigaciones, el año pasado Francisco lo cesó como jefe de la oficina de canonización. Sin esperar el veredicto del tribunal, también lo despojó de sus derechos como Cardenal.
El año pasado, el sumo pontífice le mostró a Becciu pruebas de que él envió 100 mil dólares del Vaticano a una organización caritativa manejada por un hermano suyo.
Hace menos de tres meses, hubiera sido imposible juzgar a un Cardenal dentro de la ciudad-Estado del Vaticano, que tiene su propio sistema judicial e incluso una cárcel. Pero Francisco enmendó una ley vaticana para que los cardenales y obispos puedan ser juzgados por el tribunal criminal de la Santa Sede si el pontífice lo aprueba.
Becciu, de 73 años, está acusado de malversación y de presionar a un sacerdote para que se retracte de la información que brindó a los fiscales acerca del manejo desastroso de una inversión inmobiliaria del Vaticano en Londres.
LOS DEMÁS ACUSADOS
Becciu es juzgado junto con un grupo de nueve personas, entre empresarios y funcionarios de la Curia Romana.
De acuerdo con las denuncias, a través de sus actos le costaron a la Santa Sede decenas de millones de dólares en fondos donados a través de malas inversiones, transacciones con gestores turbios y supuestos favores a amigos y familiares.
Una transacción en Londres aprobada por la Secretaría de Estado Vaticana ocupa un lugar prominente en la acusación.
Se invirtieron inicialmente 200 millones de euros (ahora 240 millones) en un fondo operado por un empresario italiano. La mitad de esos fondos fueron para una empresa inmobiliaria en el barrio de clase alta de Chelsea, una inversión que llegó a sumar 350 millones de euros. Para 2018, la inversión original perdía dinero y el Vaticano buscaba desesperadamente una salida.
El uso imprudente de parte del dinero para los pobres que cada año donan las iglesias de todo el mundo para las obras de caridad del Papa también contribuyó al escándalo.
Entre los acusados se encuentra Cecilia Marogna, apodada la “Dama del cardenal”, a quien Becciu contrató como consultora externa de seguridad.
Los fiscales la acusan de malversar 575.000 euros que Becciu autorizó para usar como rescate de rehenes católicos en diversas partes del mundo.
Marogna ha dicho que el monto en las facturas que presentó fueron en parte para reembolsar sus gastos y el resto para su remuneración.
EL JUICIO
En la primera sesión del juicio este 27 de julio, el juez antimafia italiano Giuseppe Pignatone, presidente de la sala, accedió a la demanda de la defensa de tener más tiempo y aplazó la siguiente sesión al 5 de octubre.
El tribunal tendrá la tarea de determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios o si se trató más de un sistema de corrupción interno liderado por jerarcas de la Iglesia.
Los acusados se enfrentan a varios años de prisión por fraude, malversación de fondos, extorsión, blanqueo de dinero y abuso de poder en un escándalo que incluye complicidades con el espionaje, paraísos fiscales y que ha generado un agujero de millones de euros en las cuentas vaticanas.
El caso además representa un reto para el papa Francisco, ya que revela el descontrol en las finanzas vaticanas, por lo que tuvo que iniciar una reforma interna, y de hecho saca a la luz los privilegios oscuros de varias entidades vaticanas.