AUSTERIDAD APRIORI

Aún no tomaba las riendas del Conacyt, cuando Álvarez-Buylla generó la primera controversia.

En un oficio filtrado con fecha del 24 de septiembre del 2018, la científica solicitaba al director saliente de la dependencia, Enrique Cabrero -uno de los hoy imputados por la FGR- suspender las convocatorias y contratos posteriores al 31 de julio de ese año que comprometieran recursos presupuestales para el ejercicio 2019.

DESCOBIJO A ENTIDADES CIENTÍFICAS

En febrero de 2020, en la que afirmó sería la primera de una serie de conferencias mensuales -lo cual jamás se cumplió-, la ahora sí directora general de Conacyt informó que limitaría el financiamiento de academias y sociedades científicas, como la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) o la Sociedad Matemática Mexicana (SMM), para optimizar sus fondos.

Estamos convencidos de que esa política de apoyo a las academias y a las sociedades científicas debe de cambiar. Es inusitado que un País pobre, con una capacidad científica y tecnológica todavía restringida, apoye a entidades que en sí son iniciativas privadas".

Álvarez-Buylla

Días antes, la propia AMC, responsable de programas como el Verano de la investigación científica, Ciencia en tu escuela y las Olimpiadas nacionales de química y biología, había anunciado que las actividades de su primer trimestre se suspenderían por no haber recursos asignados aún por parte de Consejo.

Luego de un diálogo, Conacyt decidió extender el apoyo a programas de 23 de estas entidades, pero sólo durante seis meses.

ADIÓS FIDEICOMISOS

Uno de los golpes más severos a la ciencia ocurrió cuando un grupo de senadores, amurallados y tras filas de policías, aprobó la extinción de 109 fideicomisos, 91 de ellos del sistema de fondos para la investigación -65 operados por Conacyt y 26 por los Centros Públicos de Investigación (CPI)-.

A través de diversos medios, incluso en sesiones del Parlamento Abierto en San Lázaro, los directores de los 26 CPI dejaron claro que los fideicomisos eran la herramienta más efectiva que tenían para disponer de recursos multianualmente, sin ceñirse a las restricciones del año fiscal, como demanda la investigación científica.

Aunque la determinación de eliminarlos provino finalmente de un decreto presidencial, la propuesta había sido planteada desde antes por Álvarez-Buylla, quien irónicamente financió parte de su carrera como investigadora mediante tales instrumentos, de los cuales recibió 17 millones de pesos.

CONTRADICCIONES

EXCLUSIÓN EN SNI

Lo que comenzó desde enero de 2020 como la paulatina suspensión del estímulo económico a miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de universidades privadas, como La Salle, el ITAM o la Universidad Iberoamericana, devino en una completa exclusión.

En total, mil 632 investigadores de instituciones privadas fueron despojados de la posibilidad de recibir apoyos por parte del SNI luego de una reforma al reglamento, medida que fue criticada por excluyente y discriminatoria.

Asimismo, el nuevo reglamento asumido en 2020 fue denunciado por investigadores al mostrar fobias ideológicas hacia disciplinas científicas como la biotecnología, que dejó de ser un área de conocimiento explícitamente reconocida por el Sistema, que hasta abril de este año había sido dirigido por el astrofísico Mario de Leo Winkler, quien ni siquiera pertenecía al mismo.

PREMIO A GERTZ MANERO

Sorpresiva, paradójica e indignamente para el gremio, en junio pasado se aprobó el ingreso como SNI III -el más alto- del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, después de 11 años intentándolo y con cinco rechazos al hilo, pues en cada ocasión la resolución era que carecía de los méritos y credenciales académicas necesarios.

Conacyt aseguró que el ingreso del Fiscal, quien incluso ha sido señalado de plagio, se debe a nuevas medidas para combatir la discriminación, pues el Conapred determinó que Gertz Manero había sido excluido y discriminado por el SNI.

Es un acto vergonzoso porque, en primer lugar, es una demostración clara de una imposición política a un aparato académico".

Antonio Lazcano

DESDÉN A BECARIOS

Los conflictos que han tenido que sortear los becarios en lo que va de este sexenio van desde la reducción en el número de convocatorias, así como la no publicación de resultados en tiempo y forma, hasta que aquellas lanzadas no incluyan la realización de posgrados en el extranjero en otras ciencias que no estén relacionadas con salud.

Más de 200 becarios en Canadá, Francia, España y Reino Unido tuvieron que constituir una asociación para defender la continuidad del apoyo que recibían.

Por ejemplo, 11 de ellos que realizan estudios de posgrado y proyectos de sustentabilidad energética en Reino Unido fueron dejados a su suerte mientras se resolvía el futuro del Fondo Sectorial Conacyt-Sener.

GOLPE A CATEDRÁTICOS

Investigadores que integran el programa de Cátedras Conacyt, quienes han acusado evaluaciones punitivas y rescisión de contratos, se unieron en sindicato y han solicitado a la dependencia que encabeza Álvarez-Buylla que revise los lineamientos del programa y establezca parámetros de protección de los derechos laborales de su personal, atendiendo a la normatividad vigente.

Sin embargo, la situación ha sido tal que, debido a un cambio reciente de lineamientos, ahora están obligados a buscar trabajo para garantizar su permanencia como catedráticos de una institución pública.

LEGISLACIÓN OPACA

En febrero de 2019, la propuesta de la nueva Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías tomó por sorpresa a los miembros de la comunidad científica, quienes advirtieron en los planteamientos de la misma una amenaza a la libertad de investigación.

Presentada por la senadora morenista Ana Lilia Rivera, la legislación proponía que Conacyt adquiriera facultades extraordinarias para, por ejemplo, poder suspender cualquier investigación y autorizar los proyectos en los que entidades de la Administración federal pretendan ejercer recursos asignados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Aunque Conacyt desconoció la propuesta, tiempo después lanzaría un anteproyecto de ley con planteamientos coincidentes, como la instauración de un Consejo de Estado como órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, que dictaría en una Agenda de Estado toda la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del País.

Tal anteproyecto ha sido criticado por centralista, así como por supeditar la libertad de investigación y el financiamiento de las actividades científicas a los criterios gubernamentales.

Es una propuesta de Anteproyecto de Ley donde todos salimos perdiendo: el Gobierno pierde su prestigio al tratar de imponer un pensamiento único; el Sistema de CTI pierde la libertad con la cual se debe de hacer ciencia y tecnología, y pues el País está condenado a sufrir las consecuencias de una visión que no solamente trata de amarrarle las manos al Sistema de CTI, sino que quiere imponer una ideología que no corresponde".

José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM

LA QUERELLA CONTRA EL FORO

Desde la llegada de María Elena Álvarez-Buylla a Conacyt comenzó el sistemático desmantelamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) A.C., instituido en la Ley General de Ciencia y Tecnología del 2002 como órgano autónomo de consulta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del Consejo General y la Junta de Gobierno de Conacyt.

El Foro, entonces coordinado por la física Julia Tagüeña, no concordaba con la visión centralista que se buscaba instaurar la legislación propuesta, e incluso invitó miembros del SNI a participar en una consulta al respecto, de lo cual Conacyt partió para acusarle de haber violado la Ley de Protección de Datos Personales.

En el comunicado donde se hacía tal señalamiento fue donde por primera vez la dependencia a cargo de Álvarez-Buylla alegó que, en el sexenio anterior, se transfirieron al FCCyT más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades “que por ley corresponden al Conacyt”.

Meses después, Conacyt simplemente se deslindó de la obligación de otorgar recursos económicos al Foro, “pues se trata de una asociación civil”, y anunció que sólo apoyaría proyectos específicos. Lo cual no ocurrió y con ello hubo ilegalidad, pues el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología le ordena otorgar al Foro los apoyos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento.

Más aún, Álvarez-Buylla violó la orden judicial de restituir los recursos económicos al FCCyT, como sentenció un juez federal tras el recurso de amparo interpuesto por el órgano de consulta.

 

Invitada a la emisión del 24 de septiembre pasado del programa John y Sabina, la directora de Conacyt aseguró que el Foro “se creó durante el panismo para que las empresas pudieran cabildear a favor de sus intereses”, y que querían “mantener una serie de privilegios y el poder de tomar decisiones”.

“Es una AC que tiene interés privados, pero aquí cabe decir que todos los recursos que ha usufructuado el FCCyT han provenido del Conacyt”, dijo, añadiendo que la propia Tagüeña, en calidad de directora adjunta del Consejo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, asignó 50 millones de pesos durante el último año.

Un mes antes, en su columna del 19 de agosto en el semanario Proceso, Ackerman escribió que “el viejo Conacyt” había hecho adjudicaciones directas, fuera de la normatividad, por un total de casi 500 millones de pesos al Foro entre 2003 y 2018.

Es en todo lo anterior que se basa la intención de la FGR de encarcelar a 31 científicos y ex funcionarios.