Por: Emmanuel Aveldaño, Ángel Charles, Victoria Félix, Perla Martínez y Adriana Dávila
“Jóvenes Construyendo el Futuro” es uno de los programas emblemáticos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en Nuevo León es una herramienta corruptible con la que particulares armaron redes para desviar recursos públicos.
El proyecto, que apoya a los llamados “ninis” (jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan), inició otorgando una beca mensual de 3 mil 600 pesos en 2019 y actualmente asciende a 4 mil 310 pesos, para que se capaciten en el mundo laboral durante un año.
En una investigación hecha por EL NORTE durante cinco meses sobre el funcionamiento del programa, se detectaron fraudes a becarios de Linares y del área metropolitana de Monterrey.
En este tiempo se realizaron 140 entrevistas a beneficiarios que aparecen en el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), que encabeza Luisa María Alcalde y es la responsable de ejecutar el Programa.
Se constató que entre 2019 y 2020 un ex funcionario municipal y un aspirante de Morena a Diputado federal utilizaron pequeños negocios, empresas y asociaciones civiles para apoderarse de los recursos de sus becas.
Los hallazgos mostraron dos esquemas de desvío distintos.
En el área metropolitana les ofrecían a los jóvenes un apoyo mensual de mil 600 pesos por acudir a talleres de superación personal, a cambio de brindar sus datos personales y así eran inscritos en el programa federal sin saberlo.
Y en Linares, pequeños negocios simulaban emplear a los jóvenes, pero en realidad eran dados de alta en el programa para desviar parte de la beca.
Red de engaños en Linares
Luego de realizar visitas de campo en Linares, se descubrió que un ex funcionario municipal armó una red con dueños de pequeños negocios para inscribir con engaños a jóvenes y así desviar, según testimonios, sumas que podrían ser millonarias provenientes del erario público.
Durante la investigación siete jóvenes revelaron en entrevista la red formada por Reyes Lucio Zurita, quien como ex empleado de la Coordinación de Desarrollo Económico municipal de la Administración del panista Fernando Adame, desvió recursos estando en el cargo y hasta dejarlo en agosto del 2019 y continuó al menos hasta noviembre del 2020.
De acuerdo con los testimonios, tan sólo en Linares habría al menos un centenar de jóvenes que fueron engañados para ingresar al programa federal entre 2019 y 2020, recibiendo mensualmente entre 250 y mil pesos, o en algunos casos nada, pese a que la beca otorgaba en ese entonces un monto de 3 mil 749 pesos al mes.
El modus operandi del ex trabajador municipal consistía en ofrecer un supuesto empleo a los jóvenes, se les daba de alta en el programa y como la mayoría de ellos no acudía a laborar a los centros de trabajo asignados, se les entregaba una cantidad menor al monto correspondiente.
Para formalizar el proceso, los jóvenes detallaron que Lucio los citaba en las oficinas municipales, donde entregaban la papelería requerida para ser registrados en el programa federal.
Tras concretarse el procedimiento y ser aceptados en centros de trabajo seleccionados por el ex servidor público, la plataforma federal enviaba a los jóvenes por correo electrónico un formato para activar una cuenta bancaria en las sucursales de BBVA Bancomer, donde se harían los depósitos de la beca.
Aprovechando que los jóvenes no conocían el programa y creían ser empleados del ex funcionario, Lucio los acompañaba al banco para tramitar la tarjeta y se las decomisaba para él cobrar mensualmente los recursos y entregar la parte acordada al beneficiario.
Los entrevistados exhibieron estados de cuenta bancarios donde recibían el monto mensual completo de la beca antes de ser retirado por el ex funcionario, además, mostraron conversaciones de WhatsApp y audios donde éste los presionaba para que le entregaran el dinero.
Una estudiante de música, de 18 años –que accedió a dar su testimonio bajo la condición de anonimato por temor a represalias–, afirmó que la contactó Lucio vía redes sociales para ofrecerle trabajo y aceptó la oferta ya que ocupaba ingresos extras para comprar una computadora.
Por trabajar en el Mercado Bicentenario tocando música, ubicado en la cabecera municipal, Lucio le pagaba mil pesos al mes, pero cuando fue entrevistada por EL NORTE descubrió que estaba inscrita en el programa federal y que la beca era más del triple de lo que recibía.
En su caso, dijo que al recibir los recursos mensuales, tenía que transferir a una cuenta del ex servidor 2 mil 700 pesos y apenas se quedaba con el 27 por ciento del monto total de la beca.
Recalcó que ella además trabajaba en fiestas privadas a las que Lucio le ordenaba acudir.
La universitaria estuvo durante 10 meses en el programa y fue sacada porque los últimos 2 meses no quiso depositar el resto de los recursos, incluso, reveló que en las visitas a la oficina municipal se percató de que había una cantidad mayor de personas en la misma situación.
En uno de los audios que la estudiante de música entregó a EL NORTE, se puede escuchar la voz de una persona que la alumna asegura que es Lucio Reyes Zurita donde acepta que él sólo es un intermediario y la presionaba para que le entregara el dinero.
Andrea Banda López, de 22 años, quien no estudiaba, ni trabajaba, también fue engañada por la red que opera Lucio con dueños de pequeños negocios.
Ella fue invitada al programa por Omar Alejandro Selvera y Sandra Briones, propietarios de una Taquería llamada Sofi, ubicada en la Colonia Las Bugambilias, pero sin laborar en el negocio y ofreciéndole un apoyo de 250 pesos mensuales.
La joven fue acompañada por reporteros a una sucursal de BBVA Bancomer donde se constató que había una cuenta a su nombre. Se solicitó un estado de cuenta y se comprobó que Banda recibió, sin saberlo, 18 mil 148 pesos del programa, en un periodo de 5 meses.
Para poder mantener su trabajo en la misma Taquería Sofi, Josué Mendoza Olvera, de 20 años, fue obligado a inscribirse en el programa, pero durante nueve meses no recibió los apoyos y admitió haber mentido en las visitas de inspectores.
Al menos otros 12 jóvenes pasaron por la misma situación en la taquería, señalaron Andrea y Josué.
Keila García Alemán, de 22 años y recién egresada de Enfermería, narró que ella decidió aceptar ser parte del programa porque en ese tiempo no tenía trabajo y requería ingresos, pero aclaró que no conocía los detalles del mismo.
Ella estuvo registrada de junio del 2019 a mayo del 2020 y, supuestamente, laboraba en un autolavado, propiedad de Alfredo Betancourt, ubicado en la Colonia Provileon, en Linares, sitio al que acudió sólo cuando inspectores visitaban el negocio.
Al enterarse que sus vecinos habían hecho mal uso de sus datos personales para inscribirlo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Mario Alberto Zambrano Patiño dijo sentirse engañado.
Zambrano, uno de los 140 jóvenes entrevistados por EL NORTE, reveló que durante 12 meses estuvo recibiendo mil pesos por facilitar a una vecina su información personal.
El joven de 23 años, quien dijo desconocer el objetivo del programa, fue vinculado como aprendiz al mismo autolavado del cual es dueño su vecino Alfredo Betancourt.
Él creía que todo estaba en regla debido a que fue inscrito por Reyes Lucio Zurita, entonces auxiliar de la Coordinación de Desarrollo Económico de Linares en las oficinas municipales.
Pero no sólo él fue vinculado, también su hermana Elvira Mariela.
Para ser vinculado al programa, Julio César Hernández de León, tuvo que aceptar un trato que lo condicionaba a recibir sólo la mitad de la beca económica.
El aprendiz de 22 años dijo ser inscrito al negocio familiar de Gualberto Calderón Pérez, conocido en Linares como Tamales Los Rieles.
El trato era simple, contó Hernández, sólo tenía que depositarle cada mes mil 800 pesos a Calderón. No hacía falta presentarse a laborar.
Hernández aseguró que en el mismo negocio había otros cuatro jóvenes que sólo recibían la mitad de la beca sin tener que ir a trabajar.
Por insistir en trabajar en el negocio las horas que correspondían para recibir cada mes el total de la beca, el becario fue dado de baja.
Todos los entrevistados aparecen dentro del Padrón Único de Beneficiarios del programa, publicado por el Gobierno federal, con sus respectivos montos recibidos durante su estancia en el mismo.
En una estimación hecha con un centenar de jóvenes engañados con un promedio de 2 mil 748 pesos que les quitaba por mes, el desvío de la red de Lucio asciende en un año al menos a 3.2 millones de pesos, aunque el ex funcionario sigue operando, por lo que el fraude puede ser mayor.
Lucio fue ubicado en un restaurante que opera, y se le pidió una entrevista para que diera su postura sobre las denuncias en su contra, pero se negó a emitir una opinión sobre la red que armó con dueños de pequeños negocios.
Talleres... de fraude
La promesa de obtener un apoyo económico por acudir a talleres de superación personal fue un gancho que atrajo a muchos estudiantes, sin embargo, se trató de un fraude para robar sus datos personales y desviar recursos del programa federal en el área metropolitana de Monterrey.
Yair Omar Guerrero Ríos, quien se autodefine como un coach de desarrollo personal y actualmente es aspirante de Morena al distrito 4 federal por Nuevo León, fue señalado como el responsable de lucrar con estas becas.
El 29 de noviembre del 2019, a nueve meses de que comenzara a operar el programa, Guerrero Ríos constituyó dos empresas: Existir 360 S.A. de C.V. y B Ur Best de Monterrey, S.A. de C.V., de acuerdo con las actas constitutivas de las que se tienen copias.
En Existir Ser 360 aparece como socia Cynthia Marlene Navarro Resendiz, quien es su pareja sentimental y también es aspirante de Morena al distrito 4 federal por Nuevo León, además compró la mitad de las acciones de B Ur Best de Monterrey, S.A. de C.V.
Ambas empresas fueron registradas al padrón de centros de trabajo que otorgan capacitación a los aprendices.
Su modus operandi consiste en ofrecerle a jóvenes una beca de mil 600 pesos al mes por acudir a talleres de superación personal que impartía su empresa Ser 360, una vez a la semana, con el argumento de que se trataba de apoyos altruistas otorgados por empresarios.
Pero en realidad el dinero provenía de las becas que otorga el Gobierno federal.
De esta forma, él se quedaba con los 2 mil pesos restantes de la beca, que en ese momento era de 3 mil 600 pesos.
Nallely Gómez Ruiz, estudiante de la Facultad de Medicina de la UANL, fue contactada por José Vélez, presunto ex colaborador de Ser 360.
Para formar parte de este esquema, los jóvenes tenían que firmar una carta en la que se comprometían a depositar el resto de los recursos a la cuenta de Banorte número 0469469178, que aparece a nombre de Guerrero.
En capturas de pantalla proporcionadas por la afectada a EL NORTE constan los depósitos que Gómez realizó a la cuenta de Guerrero, con los datos de la operación emitidos por el banco BBVA en donde se menciona la cuenta de retiro, de depósito, el beneficiario, el importe y la fecha en que se realizó.
La Fracción VI del capítulo Décimo tercero de las Reglas de Operación del Programa, establece que los aprendices no deben entregar dinero a los tutores.
Aunque en la plataforma del programa federal ubican a Ser 360 en la Plaza Latitud, en la Avenida Lázaro Cárdenas en el Municipio de San Pedro, los jóvenes firmaban la carta compromiso en el domicilio ubicado en Quetzal 104, de la Colonia Cuauhtémoc, en el Municipio de San Nicolás de los Garza.
El domicilio no tiene en su fachada ningún anuncio o letrero que haga referencia a alguna de las empresas a nombre de Guerrero, sin embargo, según testimonios, ahí era donde se realizaban los talleres y donde los jóvenes firmaban la carta para comprometerse en depositar parte de la beca al actual aspirante de Morena al distrito 4 federal por Nuevo León .
Tras brindar sus datos personales y firmar la carta, la estudiante de Medicina fue registrada en el programa sin saberlo.
Los talleres nunca se realizaron y además le pidieron más dinero.
En el tercer mes Gómez Ruiz se negó a realizar el depósito y fue dada de baja.
La invitación se extendió a jóvenes en toda el área metropolitana con cupo limitado por Municipio, según la publicidad que la propia organización circulaba.
Las empresas constituidas por el aspirante morenista siguen apareciendo en el padrón del programa.
Guerrero fue contactado para conocer su postura sobre los señalamientos y aunque quedó de mandar su respuesta por escrito, no la envió.
Dyvanhi Patricia González García, de 21 años y alumna de la Facultad de Medicina, se enteró en 2019 de los cursos que ofrecía el morenista en redes sociales.
Le pidieron sus datos para registrarla, aunque finalmente ella no aceptó.
Según datos del padrón único de beneficiarios del programa, a la cuenta de Dyvanhi se realizaron depósitos por 7 mil 200 pesos, monto que ella nunca cobró.
Marcela García Rodríguez es una joven emprendedora, quien desde sus primeros semestres en la Facultad de Derecho inició con prácticas y posteriormente obtuvo un empleo.
Una conocida suya, integrante de la asociación estudiantil Avanza la inscribió en el programa. Posteriormente le dijo que acudiera a unas oficinas en San Nicolás a entregar la papelería con sus datos.
Nunca se le informó que era para la beca del Gobierno Federal de 3 mil 600 pesos al mes y sólo le dijeron que era para recibir un apoyo económico de mil pesos.
De acuerdo con el padrón de beneficiarios a la cuenta a nombre de Marcela se depositaron 18 mil pesos, que equivalen a cinco meses de beca.
Otro joven estudiante de la UANL que pidió el anonimato, pero accedió a que su testimonio fuera grabado, aseguró que nunca dio sus datos personales a nadie ni realizó el registro a la plataforma.
Sin embargo, descubrió que existe una cuenta a su nombre en la que se realizaron dos depósitos de 3 mil 600 pesos cada uno.
El becario acudió al banco para confirmar la existencia de la cuenta y pudo revisar que se habían realizado dos depósitos en octubre y noviembre de 2019, mismos que fueron retirados de la tarjeta.
Entre 2019 y 2020, se reporta que los apoyos beneficiaron a 1.5 millones de jóvenes, con un presupuesto que rondó los 50 mil millones de pesos, según datos oficiales de la dependencia.
En Nuevo León existen 2 mil 240 empresas que funcionan como centros de trabajo en el programa y hay 5 mil 649 beneficiarios, según datos oficiales actualizados hasta octubre del 2020.
Pese a ello, la Secretaría solamente tiene 14 inspectores para revisar el correcto funcionamiento de éste, de acuerdo con información oficial, lo que deja abierta la puerta a los desvíos.
Incluso, una auditoría del órgano de control interno de la Secretaría exhibió en julio del 2020 anomalías en el 55 por de los 91 casos revisados, donde encontraron empresas fantasma que no reunían los requisitos o que funcionaban ilegalmente como centros de capacitación.
Se buscó a la delegación estatal de la STyPS para cuestionarla sobre las irregularidades encontradas y denunciadas, pero redireccionó la petición a oficinas centrales, de donde no se obtuvo ninguna respuesta.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. https://www.borderhub.org