Por Miriam García
Demandan inspección de condiciones
de aulas prefabricadas
Por unanimidad, el Congreso local demandó una inspección inmediata de las condiciones de seguridad de aulas prefabricadas con antigüedad de más de 17 años y que se destinen recursos para concretar su construcción definitiva.
Consuelo Gálvez, de la bancada Alianza por Nuevo León, dijo que en al menos tres planteles ubicados en Escobedo había unas 27 aulas prefabricadas -no móviles- que supuestamente operarían mientras se construían las definitivas en un plazo máximo de 10 años, pero no sucedió y se encuentran en malas condiciones, lo que pudiera derivar en accidentes que pongan en riesgo a los alumnos y maestros.
Dijo que era necesario que la Secretaría de Educación, en coordinación con Protección Civil, realice una evaluación y censo de las condiciones actuales de las aulas prefabricadas que operan en los municipios de Nuevo León.
“El uso prolongado y falta de mantenimiento derivó en un desgaste acelerado de las aulas pues los materiales con que se construyen carecen de la durabilidad de los materiales que se usan en las aulas tradicionales; a tal grado ha llegado la falta de mantenimiento, que en algunos sectores empiezan a representar un riesgo para la integridad física de los alumnos y el personal docente”, expresó.
“Existe una preocupación válida de los padres y maestros por la seguridad de los estudiantes, pues desconocen la vida útil de este tipo de instalaciones y cada vez se aprecian más fallas en la infraestructura que pueden poner en riesgo la integridad física de los menores”.
La propuesta de Gálvez fue respaldada por Sandra Pámanes y Eduardo Gaona, de Movimiento Ciudadano; Perla Villarreal, del PRI, y Félix Rocha y Fernando Adame, del PAN.
“Se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación del Estado y al del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva (Icifed), para que en coordinación con Protección Civil se establezca una estrategia para evaluar las condiciones de las aulas prefabricadas que actualmente se utilizan en las escuelas de la entidad”, establece el acuerdo.
También se demandó al Icifed y la Secretaría de Educación gestionar recursos para que esas aulas puedan construirse y que no se vaya a establecer su sustitución con otras prefabricadas.
Tipifica Congreso el secuestro de mascotas
Ante el robo de perros y gatos para luego cobrar las recompensas por entregarlos, el Congreso local aprobó hoy reformas al Código Penal para tipificar esa acción como secuestro en el apartado de maltrato animal, y contemplar para éste una pena de 6 meses a 2 años de prisión y multas de 100 a 250 UMAS.
La reforma, que se dictaminó ante una iniciativa presentada por el coordinador de la fracción del PVEM, Raúl Lozano, añade para ello un artículo 445 Ter al Código estableciendo también en éste la agravante de extorsión para el caso de quienes reciban pago por regresar a una mascota.
“Comete el delito de secuestro de animal doméstico”, establece el texto del artículo 445 Ter aprobado por unanimidad, “quien con ánimo de obtener un lucro indebido o de causar algún daño, retenga, oculte o sustraiga a un animal doméstico del lugar donde se encuentre habitualmente.
“Al responsable de este delito se le impondrá una pena de 6 meses a 2 años de prisión y sanción pecuniaria de 100 a 250 cuotas. La sanción se agravará hasta en una mitad si el sujeto activo del delito exige al dueño del animal doméstico un pago a cambio de su devolución”.
En entrevista, Lozano dijo que esa disposición es de avanzada y que la comisión de ese delito se perseguirá a petición de parte con denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia.
“Se va a sancionar con años de prisión y multas a toda aquella persona que secuestre un animal doméstico y luego extorsione para regresarlo a sus dueños… se estaban llevando los perros y gatos domésticos para luego pedir la recompensa y la Fiscalía no podía actuar porque no estaba tipificado, pero ahora ya lo podrá hacer”, expresó.
“Hay un daño a los animales que se sustraen y un daño al patrimonio de las familias”.
Piden dar apoyo psicológico a familias de desaparecidos
El Congreso local demandó a la Secretaría de Salud y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas brindarle atención piscoemocional a los familiares que vivan en el hogar de una persona reportada como desaparecida, incluso cuando ésta haya sido localizada.
La solicitud se aprobó ante un planteamiento de la Diputada local del PRI, Lorena de la Garza, quien lamentó que en las últimas semanas se haya evidenciado el sufrimiento de las familias a causa de la desaparición de uno de sus integrantes.
De la Garza también planteó implementar un programa de mediadores que apoyen a los familiares de desaparecidos.
“Este exhorto busca extender, a manera de apoyo para las familias de personas desaparecidas, a través de atención psicoemocional para que puedan contar con mayor fortaleza en su lucha por encontrar a sus seres queridos”, expuso.
“Para el caso de las personas no localizadas, se considere los motivos por los cuales se ha dado la situación, y en caso de que tenga que ver con violencia o conflictos familiares, se le proporcione ayuda de profesionales en la materia, como mediadores, y se puedan subsanar el círculo familiar y su reintegración de manera integral y se beneficien todos los actores.
“Los familiares son vulnerables y pueden generar un duelo suspendido, es decir, alteraciones que impiden procesar una pérdida dolorosa, teniendo como consecuencia una serie de reacciones psicológicas como estrés, ansiedad, sentimiento de culpa, tristeza y angustia”.
Aprueban dictámenes de cuentas públicas del 2019
Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local aprobaron hoy los dictámenes correspondientes a 10 cuentas públicas del 2019 de 9 organismos y el Poder Legislativo.
Las cuentas son del Museo de Historia, el Instituto Estatal de las Mujeres, la Corporación para el Desarrollo Agropecuario; el Instituto Estatal de Seguridad Pública; el Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo León, e Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación.
También se aprobaron las cuentas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León, Universidad de Ciencias de la Seguridad, y del propio Congreso local.
Myrna Grimaldo, presidenta de la Comisión -que es la que más asuntos tiene por dictaminar-, dijo que esas cuentas se están resolviendo a favor porque el informe de la Auditoria Superior del Estado (ASE) no reporta ningún daño económico.
“Estamos arrancando con el dictamen de 10 asuntos de todos los pendientes, son cuentas públicas del ejercicio 2019 que no traen ninguna observación marcada por el Auditor en el tema económico y traen un reporte de razonable o aceptable por parte de la Auditoria”, expresó.
Dijo que para sacar los 223 asuntos pendientes en la Comisión -incluyendo los 10 dictaminados hoy- van a tratar de sesionar una o dos veces por semana y que, incluso, podría considerarse el que lo dictaminado se atendiera en un periodo extraordinario.