Por Miriam García

Exigen a Educación revisar cámaras en escuelas públicas

Ante los hechos registrados en el Instituto Las Brisas, la Diputación Permanente demandó a la Secretaría de Educación una campaña de revisión de las cámaras de video de las escuelas públicas y privadas para verificar los lugares en donde se encuentran instaladas, los cuartos de monitoreo y el personal con acceso al sistema de videograbación.

El acuerdo fue planteado por la Diputada local del PRI, Ana González, quien dijo que esos recorridos y verificación de los sistemas de grabación deberán hacerse en compañía de un representante de la sociedad de padres de los colegios.

La intención, añadió, es proteger la intimidad de los menores y, en caso de encontrar irregularidades, dar vista al ministerio público.

“Desde esta tribuna, me manifiesto para reprobar esta conducta, en el Grupo Legislativo del PRI, lamentamos los hechos y levantamos la voz hacia las autoridades correspondientes, que algo tan indignante para las alumnas como lo es la vulneración a su privacidad, se dé precisamente en sus colegios, lugar que en muchas ocasiones es considerado como un segundo hogar”, expresó.

“Es necesario que se realice una campaña de revisión en los planteles educativos públicos y privados del sistema estatal en relación a la ubicación de las cámaras de vigilancia instaladas y personal con acceso a ellas”.

Además, dijo González, también presentó reformas al Código Penal para establecer, en el caso del delito de pornografía infantil, una agravante cuando éste se registre en planteles educativos.

“No vamos a permitir que el sano desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes se vea afectado por conductas tan deplorables”, añadió, “por ello requerimos todo el apoyo de las autoridades, para verificar que en ningún otro plantel educativo público o privado se lleven a cabo conductas similares”.

A favor de la revisión de la instalación de las cámaras en las escuelas se manifestaron las Diputadas Myrna Grimaldo, del PAN; Anylú Bendición Hernández, del PT, e Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano.

Grimaldo, incluso, dijo que debía trabajarse en una reforma legal para establecer esa revisión en la Ley.

Plantea iniciativa para fortalecer herramientas jurídicas de la FGJ para localizar a las personas desaparecidas

Ante el incremento de casos de desaparición de personas, Alhinna Vargas presentó hoy una iniciativa para crear la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado.

La Diputada local del PRI dijo que con ese nuevo ordenamiento se busca fortalecer las herramientas jurídicas de la Fiscalía General de Justicia para localizar a las personas desaparecidas.

Detalló que solamente de noviembre del 2021 a abril del presente año, en promedio se dieron en el país 18 desapariciones de personas cada día y Nuevo León ocupa el cuarto lugar en ese tipo de ilíctos.

“No obstante que desde finales de 2017 el país cuenta con una ley muy completa para que las fiscalías puedan localizar a las personas desaparecidas, en lugar de reducir el número de casos, se ha incrementado cada año de manera notable”, expresó.

“Por eso, al igual que lo han hecho una veintena de estados de la República, esta iniciativa que hoy presenté, tiene como finalidad fortalecer las herramientas jurídicas de la Fiscalía General de Justicia para que esté en mejores posibilidades de encontrar a las personas que no han sido localizadas.


“En la iniciativa se incluye que en la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas se agregue un grupo de trabajo especializado en dar seguimiento a las personas desaparecidas de larga data, es decir, a personas que tienen años sin ser localizados.

“Sabemos que el trabajo que llevan a cabo los fiscales y los grupos de búsqueda es muy complejo, pero más difícil será si no tienen un marco jurídico adecuado para encontrar a tantas personas desaparecidas”.

En la iniciativa, añadió Vargas, se propone la creación de un Centro Estatal de Identificación Humana, donde se registre la información de cadáveres o restos de cuerpos que no han sido identificados.

Además de la Alerta Amber, dijo, también se incluyen el Protocolo Alba y el Protocolo Plateado, éste último enfocado en la búsqueda de personas adultas mayores de 65 años.

Exhorta a investigar desfalco de Salud, pero rechazan propuesta

Ante un posible desfalco por 235 millones de pesos detectado en la Secretaría de Salud durante el sexenio del ex Gobernador Jaime Rodríguez, Iraís Reyes pidió que se exhortara a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía Anticorrupción investiguen los hechos, pero su propuesta fue rechazada por la Diputación Permanente.

La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que era necesaria la intervención de esos órganos para definir si hubo o no un desfalco en la contratación del servicio de guardias con la empresa A.B.P. Seguridad Privada.

En el punto de acuerdo que propuso Reyes se planteaba el que el Auditor Superior, Jorge Galván, investigara para aclarar la procedencia de responsabilidades administrativas presentadas por la celebración de contratos entre la Salud y la empresa A.B.P. Seguridad Privada durante los años 2018 al 2021 y, de detectar anomalías, aplicar sanciones.

La emecista también pedía que el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, investigara de oficio los hechos relacionados con esos contratos y proceder penalmente de ser necesario.

“El Gobierno del Estado concluyó que los servicios se inflaron, además que no se cumplieron con las condiciones solicitadas en los contratos”, expresó Reyes.

“No podemos permitir que estos nuevos casos de corrupción continúen impunes. Tenemos instituciones que supuestamente deben aclarar estos hechos y fijar responsabilidades tanto penales, como administrativas contra quienes se atrevieron a utilizar su poder para su beneficio personal. Deben ser sancionados con todo el rigor de la ley”.