LA ACUSACIÓN

De acuerdo con el documento, la FGR asegura que valiéndose de cargos públicos el Mandatario tamaulipeco ha amasado una fortuna de 951 millones de pesos, con una treintena de propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas, adquiridas entre 2005 y 2019.

Los giros son restaurantes, galerías de arte, residencias y ranchos.

 

Su fortuna contrasta con los 50 millones que declaró en 2015 al arranque de su compaña como Gobernador para el estado de Tamaulipas.

La FGR acreditó que de 2016 a 2019, el Gobernador de Tamaulipas conformó una organización y diseño un esquema que fue operado desde el interior del propio Gobierno para beneficiar a familiares y terceros con recursos públicos, a través de licitaciones, para posteriormente dispersarlos, a través de personas morales, socios y beneficiarios directos para blanqeuar dichos recursos.

“Para evitar la detección de las propiedades han sido distribuidas en una red de familiares y prestanombres entre quienes se encuentra José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, sus hermanos; además de varios primos y prestanombres. María de Lourdes, su madre; y José Manuel Gómez Reséndez, su suegro”.

Además, acusan al Gobernador de defraudación fiscal, pues en 2019 declaró ingresos muy por debajo de lo que recibió. Se calcula un daño al fisco por 6.5 millones de pesos, independientemente de las otras conductas delictivas: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

LOS MIEMBROS DEL ‘CÁRTEL’

Juan Francisco Tamez Arellano, accionista y representante de la empresa T Seis Doce SA de CV.

Baltazar Higinio Reséndez Cantú, apoderado y administrador único de Inmobiliaria RC Tamaulipas y Barca de Reynosa.

Se usó a la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, de la que es socio junto con su esposa, Mariana Gómez Leal, su madre María de Lourdes Cabeza De Vaca Wattenbarger, su hermano Ismael García Cabeza de Vaca, actualmente senador, y la esposa de éste Evelyn Aimee Rodríguez Garza, como beneficiaria de una parte importante de los recursos públicos que la organización operó.

 

Foto: (De Izquierda a derecha) Ismael García Cabeza de Vaca, María de Lourdes Cabeza de Vaca y Francisco Javier García Cabeza de Vaca

También se echó mano de las compañías Barca de Reynosa e Inmobiliaria RC Tamaulipas, que obtuvieron licitaciones y contratos de obra.

  • 5.9 millones en 2016 para Barca de Reynosa.
  • 24.1 millones en 2017 para la construcción del Centro de Prevención y Participación Ciudadana de Reynosa.
  • 25.4 en 2018 para Inmobiliaria RC de Tamaulipas.

LOS GIROS Y LA ESTRUCTURA

Además de la cantidad de propiedades adquiridas en Texas y Tamaulipas, la organización aprovecha su influencia para incidir en actividades ganaderas, de construcción de inmuebles y energía eléctrica.

Francisco Javier Cabeza de Vaca durante su registro como candidato a la Gubernatura de Tamaulipas en 2016, acompañado de su esposa Mariana Gómez.

La organización tiene una estructura orgánica permanente, un modus operandi, existen jerarquías y división del trabajo.

LAS PENAS

Todas las acusaciones que enfrenta el Mandatario apuntan para que sea castigado con cárcel:

  • Delincuencia Organizada: entre 20 y 40 años.
  • Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: entre 5 y 15 años (en tipo básico), pero le adjudican “delito continuado”, entonces la pena sube hasta en una mitad de 7.5 a 22.5 años de cárcel.
  • Defraudación Fiscal, aunque no ponen años adelantan que es un delito con “pena privativa de libertad”.

LOS FISCALES

La solicitud de desafuero fue firmada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien designó a funcionarios para que se encarguen personalmente de conseguir el desafuero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

  •  Alfredo Higuera Bernal, subprocurador de Delincuencia Organizada
    Ancelmo Mauro Jiménez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita
  • Federico Amezcua Ornelas, Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Karina Jazmín Durán, Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita