Estos son los posibles sucesores del Papa Francisco

El derecho canónico tiene disposiciones para cuando un obispo se enferma y no puede dirigir su diócesis, pero no para un Papa. El canon 412 dice que una diócesis puede ser declarada “impedida” si su obispo —debido a “cautiverio, destierro, exilio o incapacidad”— no puede cumplir con sus funciones pastorales. En tales casos, la gestión diaria de la diócesis pasa a un obispo auxiliar, un vicario general o alguien más.

A pesar de que Francisco es el obispo de Roma, no existe una disposición explícita para el Pontífice si él también se vuelve “impedido”. 

El canon 335 declara simplemente que cuando la Santa Sede está “vacante o totalmente impedida”, nada puede ser alterado en la gobernanza de la iglesia. Pero no dice qué significa que la Santa Sede esté “totalmente impedida” o qué disposiciones podrían entrar en juego si alguna vez lo estuviera.

En 2021, un equipo de canonistas se propuso proponer normas para llenar ese vacío legislativo. Crearon una iniciativa de crowdsourcing canónico para elaborar una nueva ley eclesiástica que regule el cargo de un Papa retirado, así como normas que se apliquen cuando un Pontífice no pueda gobernar, ya sea temporal o permanentemente.

Las normas propuestas explican que, con los avances médicos, es completamente probable que en algún momento un Papa esté vivo pero incapaz de gobernar. Argumenta que la Iglesia debe prever la declaración de una “sede totalmente impedida” y la transferencia de poder por el bien de su propia unidad.

Bajo las normas propuestas, la gobernanza de la iglesia universal pasaría al Colegio de Cardenales. En el caso de un impedimento temporal, nombrarían una comisión para gobernar, con chequeos médicos periódicos cada seis meses para determinar el estado del Papa.