Preparando un enfrentamiento

El lunes, Harvard se convirtió en la primera universidad en desafiar abiertamente las exigencias de la Administración por cambios radicales para limitar el activismo en el campus. La universidad enmarca las demandas del Gobierno como una amenaza no solo para la escuela, sino para la autonomía que la Suprema Corte ha otorgado durante mucho tiempo a las universidades estadounidenses.

“La universidad no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales”, escribieron el lunes los abogados de la universidad al Gobierno.

“Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada pueden permitirse ser tomadas por el Gobierno federal”.

El Gobierno federal dice que está congelando más de 2 mil 200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos a Harvard.

La retención de fondos marca la séptima vez que la Administración de EU ha tomado tal medida en una de las universidades más elitistas del país, en un intento de forzar el cumplimiento de la agenda política de Trump. Seis de las siete escuelas están en la Ivy League.

Ninguna universidad está mejor posicionada para dar pelea que Harvard, cuyo fondo de dotación de 53 mil millones de dólares es el más grande del país. Pero al igual que otras grandes universidades, Harvard también depende de la financiación federal que impulsa su investigación científica y médica. No está claro cuánto tiempo podría continuar Harvard sin el dinero.

Y desde ya la negativa de Harvard parece estar envalentonando a otras instituciones.

Después de aceptar inicialmente varias demandas de la Administración Trump, la presidenta interina de la Universidad de Columbia adoptó un tono más desafiante en un mensaje al campus el lunes, diciendo que algunas de las demandas “no están sujetas a negociación”.

En su declaración, Claire Shipman declaró que leyó sobre el rechazo de Harvard con “gran interés”.

“Harvard es obviamente una institución particularmente poderosa. Y su decisión tiene el potencial de galvanizar a otras universidades en algún tipo de resistencia colectiva”, indicó David Pozen, profesor de derecho de Columbia que argumentó que las demandas del Gobierno son ilegales.

En última instancia, el conflicto podría resolverse en un tribunal federal. Un grupo de profesores ya ha presentado un desafío legal contra el Gobierno, y muchos en el ámbito académico esperan que Harvard presente su propia demanda.

En su carta de rechazo, Harvard señaló que las demandas del Gobierno violan los derechos de la Primera Enmienda y otras leyes de derechos civiles.

Para la Administración Trump, Harvard representa el primer gran obstáculo en su intento de forzar cambios en las universidades que, según los republicanos, se han convertido en focos de liberalismo y antisemitismo.