Intercambian 'golpes'
En una nueva jornada de la guerra que sostienen el Gobernador y la mayoría priista y panista del Congreso local, ayer volvieron a tener un encontronazo con acciones para debilitarse mutuamente.
Acusan red de taxis de César Garza
El Alcalde de Apodaca, César Garza, habría usado a familiares de quien ha sido su brazo derecho por años, para obtener 150 concesiones de taxi y adquirir alrededor de 200 vehículos para operarlas.
Así lo establece la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del Estado, en donde se establece que Isidoro González Cepeda, Secretario de Concertación Social apodaquense, así como su hermano Francisco Javier González Cepeda y su padre Lorenzo González Leyva, quien ya falleció, se prestaron a estos negocios.
En la lista de supuestos prestanombres también aparecen otras tres personas, cuyos vínculos con el Alcalde no se especifican en la denuncia.
Isidoro González ha sido cercano colaborador de Garza al menos desde que éste encabezó, de 2004 a 2006, la Agencia Estatal del Transporte (hoy Instituto de Movilidad), que era precisamente el organismo encargado de expedir y regular las concesiones de vehículos de alquiler.
De acuerdo con la denuncia, que también fue remitida a la Unidad de Inteligencia Financiera federal, los familiares de González no tenían la solvencia necesaria para manejar ese negocio.
En el documento, además, se acusa al Alcalde apodaquense de haber adquirido, entre 1998 y 2019, 11 inmuebles por más de 9 millones de pesos, que su nivel de ingresos como funcionario no le permitiría.
Se señala que durante sus dos últimas administraciones contrató a empresas con características similares a las de las Facturadoras de Operaciones Simuladas.
También habría otorgado contratos por 25 millones de pesos a dos empresas de Rodolfo Elizondo Garza, a quien identifican como compadre de Garza y como empleador de un hermano del Edil.
También indaga FGR a Heriberto Treviño
La FGR abrió una indagatoria contra el líder de la fracción priista en el Congreso local, Heriberto Treviño, aseguró ayer su homólogo panista Carlos de la Fuente.
Aunque no dijo sobre qué, el panista aseguró que la carpeta es una muestra más de las presiones y persecución política que el Gobierno estatal realiza contra legisladores locales del PAN y PRI.
“Ya ahora los que se han integrado al club de los perseguidos son César Garza y Heriberto, a quienes también ya les abrieron carpeta en la Fiscalía General de la República.
“A como vamos, unos 27 o 28 Diputados de este Congreso vamos a ser denunciados en la Fiscalía”.
Logra Estado retener (oootra vez)
fondo a Alcaldes
La entrega del Fondo de 2 mil 500 millones de pesos previstos en la Ley de Egresos del Estado para 28 municipios del Pacto Nuevo León volvió a frenarse.
Ayer se reveló que el lunes, al resolver una controversia del Alcalde emecista de Abasolo, Reynaldo Cantú, la Segunda Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado le concedió una suspensión que detiene la distribución del Fondo establecido en la Ley de Egresos.
La suspensión ya se notificó a la Tesorería estatal para que no entregue las partidas establecidas para los municipios beneficiados –en su mayoría del PAN y PRI–, porque de hacerlo se afectaría a la Administración y a los habitantes de Abasolo de “manera irreparable”.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Egresos, esos recursos debían estar entregados en su totalidad a más tardar hoy.
Sin embargo, hay diversas acciones legales interpuestas por Alcaldes de MC e incluso del Estado, que han obstaculizado el reparto del Fondo.
Mientras que los Ediles del PAN y PRI también han peleado legalmente la entrega del dinero.
Los recursos de ese Fondo han sido motivo de enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y los Alcaldes del Pacto Nuevo León. Ayer, durante la sesión de la Diputación Permanente, Iraís Reyes, Diputada local emecista, planteó un exhorto para llamar a la Tesorería del Estado a cumplir lo establecido por el Tribunal en su resolución, pero esta propuesta fue rechazada.
“El Tribunal Federal”, expresó en tribuna, “requirió al Procurador Fiscal del Estado para que aplique la medida cautelar, en cumplimiento a la suspensión otorgada, hasta no resolverse de fondo las circunstancias que dieron origen al caso.
“Bajo ese contexto, es claro que la controversia se funda en la equidad de todos los municipios respecto a la participación y ejercicio de recursos públicos.
“Es por lo anterior, que consideramos oportuno proponer un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para que dé cumplimiento a la medida cautelar emitida por la Segunda Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado y no se realicen las ministraciones respectivas”.
De acuerdo con lo expuesto por Reyes, ya la Tesorería fue notificada de que no debe entregar ese dinero.
Y EN EL CONGRESO…
Limitaría a Estado inspecciones
Para frenar las inspecciones con las que el Estado cierra o suspende negocios de Diputados o de sus familiares, los líderes del PAN y PRI en el Congreso local plantearon ayer reformas para que las instancias estatales sólo puedan realizar revisiones de forma “excepcional” y las dejen en manos de los Municipios.
Las seis iniciativas planteadas por Heriberto Treviño, del PRI, y Carlos de la Fuente, del PAN, implican reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública del Estado, de Protección Civil, Educación, Movilidad, Salud y Ambiental.
En la exposición de motivos se argumenta que el objetivo es garantizar la autonomía municipal en las actividades de inspección, pero fuentes de la Legislatura afirmaron que la intención es evitar que el Estado siga presionando a los legisladores.
Con ello, dijeron, buscan frenar las inspecciones, presuntamente arbitrarias, realizadas por las Secretarías del Trabajo, Medio Ambiente, Salud y Educación, y por el Instituto de Movilidad y Protección Civil del Estado, que han derivado en el cierre o suspensión de negocios u oficinas vinculadas a legisladores, familiares y amigos.
“(El objetivo es) regular de forma adecuada las funciones de inspección estatal de manera excepcional”, se argumenta en las reformas, “cuando el Municipio correspondiente no haya manifestado celebrar convenio de colaboración, en cuyo caso será este último quien realice dichas visitas”. En el paquete de iniciativas se plantean reformas al Artículo 26 de la Ley de Protección Civil en cuanto a las atribuciones para inspección, control y vigilancia en establecimientos de competencia estatal.
“A la Secretaría del Trabajo le corresponde”, se establece en la propuesta de reforma al Artículo 29 de la Ley Orgánica, “…vigilar de manera excepcional, únicamente cuando el Municipio correspondiente no haya manifestado celebrar convenio de colaboración” En el caso de la Ley de Salud, en las reformas se define, incluso, que debe haber una orden de inspección escrita expedida por la autoridad sanitaria competente o la autoridad municipal, y la forma en que deberá conducirse el personal que la realice.
Ayer, en la sesión de la Diputación Permanente se le dio entrada a las seis iniciativas presentadas por Treviño y De la Fuente, y se turnaron con calidad de urgente a comisiones de dictamen.
Congela licencia a Alhinna
La licencia solicitada por la Diputada local del PRI, Alhinna Vargas, está congelada.
Aunque desde el 18 de agosto la priista pidió separarse del cargo, este tema no se incluyó en los asuntos en cartera de la sesión de ayer de la Diputación Permanente, con lo que la eventual llegada de su suplente, Rosaura Guerra, quien se integraría a la bancada de MC, seguirá sin concretarse.
Mauro Guerra, presidente del Legislativo, dijo que le están pidiendo a Vargas precisiones.
Y, si la licencia fuera hasta por 45 días, afirmó, no habría necesidad de llamar a la suplente y el Congreso operaría con 41 legisladores durante ese plazo.