Pese a que son problemas crecientes, el 42 por ciento de los encuestados en el país comentó que en sus organizaciones no habría cambios en el presupuesto de medidas antifraude, y solo el 53 por ciento esperaba aumentar sus presupuestos en ciberseguridad.
Es de llamar la atención, sobre todo si consideramos cifras que la misma firma KPMG compartió en 2020, donde 67 por ciento de las empresas consideraban que los controles implementados para mitigar los riesgos de delitos financieros eran inadecuados o necesitaban reajustarse.
Es fundamental que las empresas, de todos tamaños, tomen nota del impacto que un incidente cibernético o una infracción puede tener en su negocio, así como buscar asesoría para conocer y aplicar las mejores prácticas de protección.