CARLOS AHUMADA

Sobre Carlos Ahumada, a quien conoció en 2003 cuando era dueño del periódico El Independiente y el Club León, Juan Collado retoma el caso de los videoescándalos y narra la implicación de Diego Fernández de Cevallos en esa trama. 

Según el documento elaborado por Collado, cuando se conocieron Ahumada le pidió ayuda para resolver una serie de problemas legales.

“Me di cuenta (que) tenía la intención de llevar a cabo una serie de hechos delictivos, ya que me contó estaba pasando por un momento financiero muy difícil porque el Gobierno del DF tenía una serie de compromisos con él, sobre todo de obra pública y préstamos que les hizo, y que no le habían cumplido con los pagos que conformaban una gran suma de dinero”.

Ahumada le dijo entonces a Collado que tenía pruebas de entregas de dinero que involucraban a funcionarios del GDF.

Para 2004, presionado por acreedores y autoridades, Ahumada acuerda una reunión en la que junto con Fernández de Cevallos se buscaría una estrategia para difundir la información.

Esas pruebas, detalla Collado, incluían una grabación del entonces Secretario de Finanzas capitalino, Gustavo Ponce, en el casino del Hotel Bellagio, en Las Vegas, y los videos de René Bejarano.

“La relevancia de estos videos era para Ahumada presionar para que le pagaran, pero obviamente para el senador era una oportunidad contra el Jefe de Gobierno de la ciudad, usted”.

Antes de su detención en Cuba y deportación a México, Ahumada aseguró a Collado que grabó al hermano del entonces Presidente Vicente Fox recibiendo dinero.

ERNESTO ZEDILLO

La carta que Collado dirige a López Obrador inicia con la instrucción desde la Presidencia de Ernesto Zedillo a 28 Gobernadores del PRI para operar en favor de Vicente Fox durante la elección del 2000.

“Inicio con el año 2000. Las cosas empezaron a cambiar y quedó claro cuando, desde la propia Presidencia de la República, encabezada en ese entonces por el Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, se trabajó desde Los Pinos por medio de negociaciones que no sólo correspondían al partido en el poder, que era el PRI, sino que también incluían al PAN, con Luis Felipe Bravo Mena, para entregar la Presidencia de República”.

En ese acuerdo sumaron al PVEM y crearon la Alianza por el Cambio y se instruyó a los 28 Gobernadores priistas para el apoyo.

“Fue la primera vez que los gobernadores determinaron una elección, teniendo como resultado el triunfo de Vicente Fox. Ahí inició un sexenio en el que incurrir en hechos ilícitos fue recurrente”.

VICENTE FOX Y MARTA SAHAGÚN

En el apartado “Elección de Estado”, Collado denuncia que Alejandro Quintero, entonces vicepresidente de Grupo Televisa, operó contra López Obrador durante la campaña electoral en 2006.

Incluso señala que Martha Sahagún, esposa del Presidente Fox, negoció el apoyo de la televisora a Felipe Calderón con la llamada Ley Televisa como moneda de cambio.

En diciembre de 2005, precisa Collado, en una reunión del candidato priista Roberto Madrazo y su equipo,  algunos colaboradores advirtieron que Televisa había elegido a Calderón como su candidato.

“Empezamos a indagar y fue entonces cuando supimos que el propio Presidente Vicente Fox y la señora Martha Sahagún estaban operando junto con la televisora para lograr que el candidato Felipe Calderón Hinojosa subiera en las encuestas y lograra posicionarse en segundo lugar, para conseguir con ello que usted no ganara la Presidencia”.

La estrategia fue cambiar los nombres en las encuestas, colocando a Madrazo en tercer lugar y subiendo al segundo a Calderón, para confundir al electorado y descarrilar al priista, para que el llamado ‘voto útil’ del tricolor se sumara al PAN.

“Otro factor importante fue que el Presidente Fox solicitó a la lideresa del SNTE, para que operara en favor de Felipe Calderón Hinojosa, algo que hizo antes y durante la elección”.

Otro muy relevante y decisivo punto para gestar y consolidar una elección de Estado, añadió Collado, fue la renovación de las concesiones para las televisoras y la controvertida Ley Televisa.

“La mejor forma gubernamental para presionar para que se desconocieran los acuerdos de las televisoras con los candidatos que no eran del PAN, la implementó la señora Martha Sahagún al reunirse con ellas y pedirles contar con todo el apoyo incondicional a Felipe Calderón Hinojosa, y el apoyo sería recíproco, conseguirían la renovación, que era vital para las televisoras”.

SANTIAGO NIETO

Collado también dedica un capítulo para presentar a Santiago Nieto como víctima del Gobierno de Enrique Peña, tras insistir en investigar el dinero de Odebrecht para su campaña en 2012 y los delitos de Emilio Lozoya.

Collado explica que supo de la preocupación de Peña por  diferencias entre Luis Videgaray y Emilio Lozoya en temas como el actuar del entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, y su investigación por cohecho por presuntos sobornos de  Odebrecht a Lozoya para utilizarlos en campañas electorales del PRI.

En agosto de 2015, desde la oficina de Nieto se filtraron documentos de la investigación y se señaló la responsabilidad penal de Lozoya, y dos años después se inició el proceso en su contra.

Collado cuenta que en una posterior reunión el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, Humberto Castillejos y Lozoya le informaron a Peña que habían puesto a un equipo a seguir a Nieto para tomarle fotografías comprometedoras, en una relación extramarital, con lo que lo presionarían para que cerrara el caso.

Pero antes que cerrar el caso, éste se aceleró y por ello se instruyó la destitución de Nieto como titular de la Fepade.

HUMBERTO CASTILLEJOS

Collado menciona que como asesor de Peña cuando era Gobernador del Estado de México supo que Humberto Castillejos, entonces coordinador de asesores del Procurador Eduardo Medina Mora, recomendó e impulsó como Procurador de la entidad a Alberto Bazbaz.

“Ante el mal proceso en el caso de la niña Paulette Gebara Farah, el Gobernador Peña tuvo que tomar la decisión de solicitarle la renuncia al licenciado Bazbaz por el descrédito internacional que existía”.

“Ya en el sexenio del Presidente Peña, la relación de Castillejos creció a un nivel muy alto al grado de tener la influencia para dejar a Alberto Bazbaz a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Según Collado, desde la UIF se montó un mecanismo de extorsión en el que Bazbaz, bloqueaba cuentas que luego descongelaba el abogado Diego Ruiz Durán, cercano a Castillejos.

“Después de una investigación, tomó la decisión de separarlo del cargo como consejero jurídico y le solicitó la renuncia el 9 de junio de 2017”.

ANGÉLICA RIVERA

En su borrador, Collado acusa a Angélica Rivera de cobrar comisiones en contratos de más de mil millones de pesos en el sexenio pasado y transferir esos recursos a fideicomisos en Estados Unidos a nombre de su hermano Manuel Rivera.

“Era sabido en Los Pinos que la señora estaba llevando a cabo una serie de instrucciones desde su oficina, para que empresas cercanas a su familia prestaran servicios tanto en los eventos especiales de la Presidencia de la República como en las diversas Secretarías de Estado”.

Junto con sus hermanas, asegura Collado, impedían que algún proveedor que no fuera de su red tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios, consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines.

Según Collado, en el Gabinete de Peña se acataban las instrucciones que Rivera daba y se sabía de las transferencias a los fideicomisos que manejaba su hermano. Los operadores principales eran Rosaura Henkel, la familia Álvarez Morphy y Héctor Loustanau, amigo de “La Gaviota”.

Rivera, añade Collado, ordenó que se otorgara a Henkel una concesión de radio FM, cuya condición era que le entregara el 50 por ciento de uso.