Capos y otros personajes públicos están entre los procesados más relevantes sujetos a prisión preventiva oficiosa que podrían ser beneficiados si la Suprema Corte de Justicia elimina la obligatoriedad de esa figura.
El máximo tribunal del País se perfila para eliminar esta obligatoriedad con el argumento de que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos previstos en tratados internacionales, además de que ha sido motivo de condena contra México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre esos procesados está Miguel Treviño Morales, “El Z-40”, el líder máximo de los Zetas. Tiene siete procesos en curso y dos juicios de extradición.
Eduardo Arellano Félix, “El Doctor”. Es el líder del Cártel de Tijuana que solo enfrenta un proceso por delincuencia organizada.
Héctor “El Güero” Palma. El líder del Cártel de Sinaloa, enfrenta un juicio por delincuencia organizada.
Víctor Garcés Rojo, el ex director jurídico del club de futbol Cruz Azul, está encarcelado por delincuencia organizada y lavado.
El abogado Juan Collado Mocelo enfrenta dos procesos federales, uno de ellos por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Otro abogado, Jesús Hernández Alcocer, está preso por el presunto homicidio de su esposa la cantante Yrma Lydya, en el restaurante Suntory, en la Ciudad de México.
El ex diputado federal por Morena, Saúl Huerta, está bajo proceso acusado de violación y abuso sexual agravado contra un menor de edad.
El capitán en retiro José Martínez Crespo, ex mando del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero, tiene juicio en curso por delincuencia organizada.
Israel Vallarta Cisneros, ex pareja de la ciudadana francesa Florence Cassez, está bajo proceso por secuestro y delincuencia organizada.
Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, enfrenta proceso por delincuencia organizada y lavado, y desde febrero pasado está en prisión domiciliaria.
El ex Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, es enjuiciado por desaparición forzada y secuestro.
Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario tamaulipeco, está preso por delincuencia organizada y lavado.
La obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa sería suprimida sobre:
- Delincuencia organizada
- Delitos violentos
- Secuestro
- Trata de personas
- Homicidio doloso
- Feminicidio
- Robo a casa habitación
- Abuso sexual a menores
- Abuso de servidores públicos
- Robo a transporte de carga
- Robo de hidrocarburos
- Sobre armas prohibidas
- Desaparición forzada
- Uso de recursos con fines electorales
- Delitos contra la salud
- Enriquecimiento ilícito
- Fraude fiscal por más de 8.7 MDP
- Contrabando por más de 8.7 MDP
- Factureros