LOS HECHOS

El sábado 2 de abril, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajó en un avión de la Guardia Nacional, matrícula XC-PFM, de México a Torreón y luego a Hermosillo, donde participó en actos de promoción de la consulta del domingo 10 de abril.

En ambos eventos estuvo acompañado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

En Torreón, el dirigente de Morena agradeció la presencia de Luis Rodríguez Bucio, titular de la GN.

Incluso, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, aprovechó para destaparse y reconocer su interés por contender por la Gubernatura de Coahuila.

LO QUE DIJO AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la presencia de los funcionarios.

“Es que ellos están atendiendo temas de seguridad y la información que yo tengo es que fueron a eso, a temas de seguridad. No están promoviendo la revocación y si fuese como tú lo planteas, ahora sí que, regresando a la norma, lo tiene que resolver una autoridad”.

LO QUE DICE LA LEY

El uso de recursos públicos con fines electorales viola la Constitución y diversas leyes, lo que podría ameritar una sanción de hasta 9 años de cárcel, advirtieron consejeros, ex funcionarios electorales y representantes de partidos.

Los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal, atendiendo a las particularidades del bien correspondiente, serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como al traslado de enfermos".

Ley Federal de Austeridad Republicana impulsada por AMLO. Artículo 16 fracción V

De acuerdo con el artículo 134 constitucional, los servidores públicos, de cualquier orden de Gobierno, tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia electoral.

La propia Ley Federal de Revocación de Mandato prohíbe que los recursos públicos sean usados para “fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”.

Los legisladores de Morena aprobaron que este ejercicio se rija por la Ley General de Procedimientos Electorales, que también prohíbe emplear dinero o bienes públicos en esos procesos.

Sin embargo, debido a que no hay una regulación fuerte del 134 constitucional, los servidores públicos que usan recursos del Estado para fines electorales se quedan sin sanciones reales, por lo que “les sale barato” seguir violando la ley.

Por ejemplo, si el INE o la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinan la culpabilidad de esos funcionarios, se le daría vista al superior jerárquico, es decir, a López Obrador, quien ya los liberó de toda culpa.