¿ESTÁ PREOCUPADO?

Jair Bolsonaro ganó las últimas elecciones presidenciales de Brasil prometiendo limpiar la política y, desde que asumió el cargo en 2019, dijo al menos 237 veces que su Gobierno tenía “cero corrupción”.

Sin embargo, en las últimas semanas, Bolsonaro se preocupó por la perspectiva de ir a prisión, según dos altos funcionarios que escucharon esas preocupaciones del presidente y hablaron de forma anónima para describir conversaciones privadas.

Las investigaciones habían sido aplazadas o bloqueadas hasta el momento, dada su influencia política y su inmunidad presidencial. Pero eso puede cambiar ahora que Bolsonaro perdió las elecciones.

MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Los medios de comunicación brasileños Estadão y Piauí informaron que la Administración de Bolsonaro había permitido que un puñado de miembros del Congreso otorgara más de 8 mil millones para sus bases electorales regionales.

Hace un par de semanas, la Policía federal arrestó a dos personas vinculadas a este supuesto esquema de malversación de fondos, denominado “el presupuesto secreto”.

Para protegerse a sí mismo y a su círculo del escrutinio, Bolsonaro también había extendido las protecciones contra docenas de solicitudes de información, imponiendo clasificaciones de secreto de 100 años sobre datos como los nombres de las personas que visitaron el palacio presidencial y las comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Partido Social Liberal (PSL) de Bolsonaro habría desviado fondos públicos electorales mediante candidatos “falsos”, registrados apenas para captar recursos durante la campaña de 2018.

Según publicó el diario Folha de Sao Paulo, el PSL tuvo en Pernambuco -estado del noreste del país- una candidata, María de Lourdes Paixao, que recibió cuatro días antes de los comicios 130 mil dólares provenientes de fondos públicos.

Paixao logró apenas 274 votos y no hay evidencia de que haya hecho campaña pese a haber sido la tercera candidata del PSL más beneficiada por el reparto de fondos partidarios.

Además, Folha informó que otros cuatro candidatos del PSL en el estado de Minas Gerais también habrían sido registrados para desviar fondos.

Gustavo Bebbiano, presidente del PSL entre enero y octubre del año pasado y responsable por autorizar el giro de esos fondos, es el actual Secretario General de Gobierno. Bebbiano, quien fue uno de los principales estrategas de la campaña del presidente, dijo desconocer el caso y negó que vaya a renunciar a su cargo.

MAL MANEJO DE LA PANDEMIA

En octubre de 2021, senadores brasileños discutieron un informe que recomendó que el Presidente Jair Bolsonaro fuera acusado de cargos penales por presunta negligencia en su respuesta a la pandemia de Covid-19, y llevar al país a la segunda mayor cantidad de muertos por coronavirus en el mundo.

El informe recomienda que el Presidente sea acusado de 11 cargos, que van desde charlatanería e incitación del crimen hasta homicidio y genocidio.

Bolsonaro ha rechazado haber cometido alguna acción ilegal y ha señalado en reiteradas ocasiones que la investigación es un instrumento político con el fin de sabotearlo.

Sus detractores han acusado a Bolsonaro de minimizar insistentemente la gravedad del Covid-19, de ignorar las directrices internacionales de salud para el uso de mascarillas y las restricciones al movimiento con el objetivo de evitar la propagación del virus, además de promover tratamientos no comprobados contra la enfermedad y postergar la adquisición de vacunas.

ROBO DE SALARIOS

Además, Bolsonaro y dos de sus hijos han sido implicados en denuncias de que tomaron parte de los salarios de los miembros del personal durante sus mandatos como congresistas. El año pasado, la oficina del Fiscal General abrió investigaciones sobre los casos del Presidente, pero no ha habido ningún movimiento al respecto.

Hace un par de meses, las finanzas familiares fueron el centro de atención con un informe del sitio de noticias UOL que indicaba que la mitad de las 107 compras de bienes raíces de la familia se habían hecho en efectivo. Los fiscales de Río de Janeiro están examinando si 25 de ellos fueron comprados con dinero desviado de los salarios del personal.

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