Esta propuesta de la Comisión afectaría seriamente la capacidad institucional del Tribunal Electoral, porque la reducción que se estaría discutiendo es más o menos equivalente al monto que se proyectó para la contratación de personal en las Salas Regionales, en la Sala Superior, tanto en las secretarías generales de acuerdos, como en los equipos jurisdiccionales de cada una de las magistraturas".