Andrés Coc Mohulds, un quekchí guatemalteco que sobrevivió a la volcadura de tráiler con migrantes, sintió que la muerte lo persiguió de Chiapas a Río Dulce, su aldea, porque el miedo y la ansiedad no abandonaban su cuerpo durante las noches.
Hoy, a un año de viajar hacinado con centroamericanos, ecuatorianos, dominicanos y mexicanos antes de la tragedia, a este guatemalteco la autoridad mexicana no le ha dicho si hay una investigación en curso por este hecho ocurrido el 9 de diciembre de 2021.
Ese día, en la banqueta del kilómetro 6 de la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, sintió su brazo izquierdo torcido y de pronto vio a los otros heridos, descalabrados y fallecidos. Entre la pila de muertos estaba su cuñado Santiago Bolom Coy.
Días después se supo que fueron 53 los muertos y más de 100 lesionados, una de las peores tragedias migrantes en México.
Solo precedida por la masacre en Tamaulipas de 72 migrantes en 2012 y sucedida por la muerte de 56 migrantes asfixiados dentro del tráiler de la muerte en San Antonio, Texas, en junio del año que está por terminar.
Desde su hogar en Río Dulce, una aldea indígena con unos 500 habitantes donde cada mes salen cuatro personas rumbo a Estados Unidos, Andrés prefiere pensar que la volcadura del vehículo fue solo un accidente, sin responsables ni perpetradores.
Lo piensa así porque desde que regresó a su país pensó que la muerte cruzaría la frontera sur y se pararía frente a su puerta.
Ningún médico pudo curar esos males, hasta que una mañana sintió al charlar con su familia, después de tomar tés e ir a la iglesia, que el mal desapareció.
Hoy prefiere no cuestionar a ninguna autoridad.
“Mi brazo izquierdo ya lo puedo mover más, aunque no como antes, como cuando trabajaba de ayudante de albañil, ahora revendo cosas para pagar la deuda que sacamos con una financiera antes de migrar”, dijo vía telefónica a REFORMA.
Recordó que días después de la volcadura, mientras los sobrevivientes eran sacados por tandas del albergue del Gobierno de Chiapas “La Esperanza”, en Tuxtla Gutiérrez, para ser llevados a declarar a la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) les entregó una visa humanitaria.
Pero para lo único que le sirvió ese carnet a Andrés fue para salir de México.
Diez días después de la volcadura, junto a su cuñado, Florentín Yat Pop, y otro centroamericano, regresaron en transporte público, pasajes que fueron pagados con dinero que les regalaban.
Eran vísperas de Navidad y las autoridades mexicanas abandonaron a los sobrevivientes en aquel albergue. La gente retornó a su patria como pudo.
En Río Dulce también vive Florentín, quien contrario a su cuñado Andrés, antes de que la visa venciera este día, sí pensó en usarla, pero el viaje lo canceló porque no encontró guía en México.
“Hasta ahora, a mí la autoridad no me ha dicho nada”, narra.
No hay información pública sobre si la FGR abrió una investigación que explique los hechos ocurridos en Chiapas hace un año.
Recientemente, el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) instruyó a esa autoridad realizar una nueva búsqueda para dar esa información porque la había negado a un ciudadano que la solicitó vía transparencia.
“Yo no creo que con eso haya algún cambio”, lamenta Andrés, quien junto a Florentín hoy preparan los rezos para recordar a Santiago, uno de los 53 migrantes que no sobrevivió aquel día.
