Protestas masivas
La Primera Ministra, Élisabeth Borne, desvela el 10 enero el proyecto: retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa.
Durante la campaña de su reelección en abril de 2022, Macron promete retrasar la edad a 65 años, pero meses después se dice abierto a que sea un año menos de cara a lograr un proyecto consensuado y aplacar el rechazo naciente.
El 19 de enero, los ocho principales sindicatos consiguen movilizar a “más de 2 millones” de manifestantes, según la central CGT, y a 1.12 millones, según las autoridades, en la primera gran jornada de protestas.
Pese al rechazo de dos de cada tres franceses, según los sondeos, el Consejo de Ministros adopta su proyecto el 23 de enero y se dice “determinado” a ir hasta el final.
El 31 de enero, la segunda movilización se convierte en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas —antes de ser desbancada semanas después—, con entre 1.27 y 2.5 millones de manifestantes, según la Policía y los sindicatos respectivamente.
Borne mantiene su proyecto, pero el 4 de febrero ofrece concesiones sobre las “carreras largas”, esperando despejar las reticencias de los diputados de la oposición de derecha con los que espera lograr una mayoría.
Debates tensos
El 6 de febrero, el pleno de la Asamblea Nacional inicia el examen del texto, en un contexto de presión con dos nuevas jornadas de protestas el 7 y el 11.
Los debates están marcados por los cruces de reproches entre el Gobierno y el partido La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical).
La obstrucción parlamentaria de esta formación y el límite de tiempo de debate impuesto por el Gobierno provocan que los diputados no logren pronunciarse sobre la reforma a tiempo.
El 2 de marzo, el proyecto llega al Senado, dominado por la Oposición de derecha favorable a su adopción.
Movilización 'histórica'
La movilización del 7 de marzo, a llamado de los sindicatos que querían “paralizar” Francia, es “histórica”: entre 1.28 millones y 3.5 millones de manifestantes (CGT). Los sindicatos piden en vano a Macron una reunión y le advierten de una situación explosiva.
Las protestas entran en una nueva fase con huelgas prorrogables en sectores clave como los transportes, la energía o la recogida de basuras en París.
El Senado aprueba el 11 de marzo el proyecto en primera lectura y, tras una reunión de la comisión mixta entre senadores y diputados, da su visto bueno final el 16 de marzo a la espera de la votación en la Asamblea.
Al temer perder la votación en la Cámara baja el 16 de marzo, Macron decide minutos antes adoptar su proyecto por decreto, en virtud del polémico artículo 49.3 de la Constitución.
La decisión radicaliza la contestación social. Desde ese día, cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, recorren cada noche París y otras ciudades quemando contenedores de basura o palés a su paso, en su pulso con la Policía.
Adopción definitiva
El 20 de marzo, la Asamblea rechaza dos mociones de censura contra el Gobierno de Borne —una por nueve votos de diferencia—, lo que implica la adopción definitiva de la reforma.
En paralelo, la huelga se recrudece en las refinerías, obligando al Gobierno a ordenar la vuelta al trabajo de algunos huelguistas. LaAalcaldía de París estima en 10 mil toneladas la basura acumulada en sus calles el 17 de marzo.
Protestas violentas
Los sindicatos no tiran la toalla y movilizan a entre 1.89 y 3.5 millones de personas el 23 de marzo en nuevas manifestaciones, marcadas por un aumento de los disturbios por elementos más radicales.
Las organizaciones acusan a Macron de incendiar las calles con su entrevista en la que asumió la “impopularidad” de la reforma y cargó contra la Oposición, las centrales sindicales y los manifestantes radicales.
Un total de 457 personas fueron detenidas y 441 policías y gendarmes resultaron heridos, según las autoridades.
El Rey británico Carlos III aplaza su visita prevista a partir del domingo a Francia, a pedido del Presidente liberal, por la creciente tensión social.
Macron reitera su deseo de que el proyecto siga “su camino democrático” a la espera de su eventual validación por el Consejo Constitucional y rechaza “poner en pausa” su reforma como piden los sindicatos.