Limitaciones
Las condiciones impuestas por la Cofece obligan a los compradores a:
- Operar las plantas de generación de manera independiente en el mercado.
- Evitar intercambios de información sensible o estratégica entre competidores.
Además, se impusieron las siguientes condiciones:
- Fonadin deberá reducir y mantener su inversión en un máximo de 51 por ciento, lo cual debe concretarse en un plazo de 24 meses.
- Se debe designar a un administrador profesional independiente, que sea el encargado de tomar decisiones relativas a la operación de las plantas de generación eléctrica en el mercado.
- Se deben establecer controles y mecanismos para que las decisiones relativas a la administración de las plantas de generación eléctrica únicamente puedan ser adoptadas mediante votaciones calificadas o con intervención obligatoria de inversionistas institucionales o miembros independientes.
- Se deben establecer controles y mecanismos que obliguen a las personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica a actuar con independencia y sin conflicto de interés.
Con la finalidad de obligar a los compradores a que eviten intercambios de información sensible o estratégica entre competidores, se impusieron las siguientes condiciones:
- Deben designar a un oficial de cumplimiento totalmente independiente a las partes que verifique y garantice esta situación.
- Los directivos y personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica deberán abstenerse de tener cargos en algún otro competidor; sumado a que no podrán ser designados aquellos que fueron servidores públicos en los últimos cuatro años.
La transacción de 6 mil millones de dólares involucra a 12 plantas de ciclo combinado con una capacidad de 8 mil 400 megawatts y una eólica de 103 megawatts. La compra fue calificada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como una “nueva nacionalización” de la industria eléctrica mexicana.
Contexto
El pasado 4 de abril de 2023, el Gobierno federal anunció la compra de 13 plantas eléctricas a la empresa española Iberdrola, con la que desde que arrancó la presente Administración ha tenido desencuentros.
En múltiples ocasiones se le señaló por la supuesta intención de desplazar a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la obtención de contratos beneficiosos para el desarrollo de sus plantas en el País, e incluso de orquestar una campaña contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pese a eso, se decidió emprender la transacción con la que, según las cuentas del Gobierno, la CFE pasará de tener el 39 por ciento de la generación eléctrica del País al 60 por ciento, tal como se ha buscado en el sexenio de AMLO: desplazar a los privados para dar de nuevo la mayoría del mercado a la empresa estatal.
La compra -que aún no ha sido concretada, puesto que sólo se firmó un memorándum de entendimiento entre Iberdrola y el Gobierno- ha sido cuestionada por la falta de claridad en el origen de los recursos para pagarla, si implica deuda o no, así como quién será el dueño de las centrales.
Los datos
- Tipo de plantas: 12 ciclos combinados y un parque eólico.
- Esquema de operación: 10 bajo la figura de Productor Independiente de Energía (PIE o IPP, por sus siglas en inglés) y tres bajo el régimen privado (dos autoabasto y uno en la Ley de la Industria Eléctrica).
- Capacidad: 8 mil 500 megawatts.
- Monto de compra-venta acordado: 6 mil millones de dólares.
El Productor Independiente de Energía es una figura que se formó en 1992 con la finalidad de que empresas privadas invirtieran en la construcción de centrales para vender su energía a la CFE, de manera que la empresa estatal no tuviera que destinar recursos para nuevos proyectos y así poder atender la demanda creciente de energía.
El autoabasto también surgió en dicho año, y su intención era aliviar la demanda energética de grandes consumidores del País, la cual comenzaba a ser difícil de cubrir para la CFE, pero en este caso se permitía entregar la energía de las centrales construidas por privados a empresas o industrias con las que se firmara un contrato para ser un socio autoabastecido.
Ambas figuras se eliminaron con la reforma energética de 2013, pero se estableció que sus contratos serían respetados hasta terminar la vigencia de éstos, y posterior a ello tendrían que migrar a las nuevas reglas del mercado eléctrico.
En tanto, las centrales bajo la Ley de la Industria Eléctrica pueden comercializar su energía a través de contratos bilaterales o vender su energía directamente al mercado.
Las centrales en cuestión
1. Monterrey I y II
2. Altamira III y IV
3. Altamira V
4. Escobedo
5. La Laguna
6. Tamazunchale I
7. Baja California
8. Topolobampo II
9. Topolobampo III
10. Parque eólico terrestre La Venta III
11. Monterrey III y IV
12. Tamazunchale II
13. Enertek
¿Qué hay con el pago?
El Gobierno explicó que la adquisición se realizaría a través de un vehículo de inversión nacional, con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que sería administrado por Mexico Infrastructure Partners (MIP) y financiamiento de la banca.
Con ello prometieron que la transacción no implicaría aumento en la deuda pública, porque al ser realizada mediante el Fonadin, sería en un vehículo fuera del balance del sector público.
No obstante, expertos han dicho que aunque no se refleje en las finanzas públicas, se trata de deuda, pues será dinero que se saldrá a pedir a la banca privada y que pagará el Gobierno.
“Ya dijo Hacienda que no va a recurrir a los mercados directamente, que no va a colocar deuda para financiar esta transacción, pero lo que no dijo, y es esa parte que causa confusión, es que de algún lado tiene que salir el dinero.
“Más allá de si es contablemente deuda tradicional o entra dentro de los Requerimientos Financieros del Sector Público. Esto claramente es una deuda, no se le puede llamar de otra forma“, dijo Carlos Ramírez, socio consultor de la firma Integralia.
El 19 de abril de 2023, el titular de Hacienda Rogelio Ramírez de la O aceptó que parte del financiamiento sería a través de deuda y de la ‘chequera’ de la Secretaría.
Haz clic aquí para retomar la explicación del Secretario sobre la compra de plantas a Iberdrola.
Cuestionan transacción
Diversos especialistas y políticos han cuestionado la adquisición de las centrales, pues consideran que es una transacción que no genera beneficios para el Estado ni para la CFE, pues se trata de energía de la que ya disponían y que el único beneficiado sería Iberdrola, pues ahora se desharía de activos que operan con gas natural -un combustible fósil- y sumar a su estrategia de descarbonización que ahora se centra en centrales renovables, así como destinar esos recursos a nuevas inversiones en otros países, como Brasil.
“Desde una perspectiva económica, la transacción no tiene sentido para el Gobierno, pagar lo que decidieron pagar -6 mil millones de dólares– porque construir esos activos nuevos costaría alrededor de 8 mil millones, pero aquí compraron activos más antiguos, de entre 10 y 18 años de operación. Salvo algunos casos, de manera que se pagó caro”, aseguró Carlos Flores, experto en temas de energía.
En su momento, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) destacó que contrario al discurso presidencial, la compra de las centrales no implica una nacionalización debido a que las centrales no serán propiedad de CFE, sino del fideicomiso privado que tendrá la administración.
“La propiedad de las centrales no será de la CFE, sino que se mantendrá privada. El fideicomiso privado tiene participación mayoritaria del Fonadin y otras instituciones públicas mexicanas, pero será gestionado por MIP, una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía”, indicó el Imco.
Coparmex agregó que es indispensable que cuando la CFE tenga totalmente la operación de las centrales, más no la propiedad, mantengan la eficiencia para que no se encarezca el precio de la energía.
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