FALLO A LA ESPERA
La decisión sobre si Castillo seguirá preso o sale libre vuelve a quedar en espera.
El juez que debe pronunciarse sobre la prisión preliminar dará su criterio este jueves (15/12/22) a las 17:00 horas, tras la audiencia de la mañana en la que la Fiscalía pidió extender la prisión preventina por 18 meses mientras el ex Mandatario es indagado por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
En audiencia, convocada para el miércoles y aplazada al jueves, la Fiscalía y la defensa de Castillo expusieron sus argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley sobre si hay motivos para que el ex Mandatario se mantenga en prisión preventiva.
Castillo se negó a ser notificado y no participó en la audiencia. Su defensa en la cita ante el juez fue asumida por un abogado de oficio. El abogado acreditado del ex Gobernante, Ronald Atencio, explicó que no participa en la audiencia porque considera que “no existen mínimas garantías” y que el procedimiento contra Castillo se sigue tras una destitución que incumple las leyes.
El pedido de prisión preventiva de 18 meses también es para el ex Primer Ministro del Perú Aníbal Torres, que era asesor del Gobierno de Castillo y cuya localización es desoonocida. Sin embargo, reapareció en conexión virtual en la audiencia y se limitó a expresar conformidad con su defensa.
El juez tiene hasta el viernes de esta semana para decidir si ordena prisión preventiva para Castillo, pero anunció que se pronunciará la tarde del jueves.
PENA DE HASTA 20 AÑOS
El Fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay estimó en la audiencia que la pena a Castillo sería de 10 a 20 años de cárcel y que hay peligro de fuga porque México expresó voluntad de darle asilo.
Agregó que entre los daños al Estado deben contemplarse los efectos del mensaje del ex Mandatario, “las preocupantes consecuencias del intento de golpe”, pronunció así como las protestas violentas sobrevenidas tras su destitución.
El abogado de oficio que asumió la defensa de Castillo, Ítalo Díaz, adujo que no hubo rebelión porque Castillo no se alzó en armas y que tampoco hay peligro de que el procesado obstaculice la investigación de Fiscalía porque ya no es Presidente. Sobre el asilo, matizó que la mención del Canciller de México, Marcelo Ebrard, no implica que Castillo lo haya pedido.
EMBAJADA DE MÉXICO
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha contado que Castillo lo llamó para pedirle asilo y que dispuso que se le permita el ingreso a la Embajada de México en Lima.
La reacción de Perú ante el respaldo manifestado por Argentina, México, Colombia y Bolivia a Castillo, a quien siguen reconociendo como presidente peruano, ha sido el jueves llamar a consultas a sus embajadores en estos países.
“La presidenta representa al Estado dentro y fuera de la Nación, y dirige la política exterior. Han señalado que la postura de las cuatro naciones vecinas es una intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países”, afirmó la Ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi.
ESTADO DE EMERGENCIA
La decisión sobre el estatus de Castillo coincide con la declaratoria de emergencia nacional decretada el miércoles(15/12/22) por el Gobierno de Dina Boluarte. Ante el incremento de las protestas sociales derivadas de la crisis política peruana, quedaron suspendidos por 30 días los derechos fundamentales de los ciudadanos y se movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policial en la contención de las manifestaciones en todo el país.
El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay destacó que el día de su detención Castillo había pedido detener a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien lo investiga por presuntos delitos de corrupción.