De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, todos los minerales, incluidos el litio, son propiedad de la Nación. Esto quiere decir que el litio ya es del Estado mexicano.
Esta propiedad que tiene el Estado sobre los minerales del subsuelo existe desde 1917, según la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
Pero las autoridades del País no están facultadas para explotar minerales, por eso las autoridades responsables de las actividades extrativas, en este caso la Secretaría de Economía (SE), otorgan concesiones a particulares para explorar, explotar y aprovechar estos materiales.
Estas empresas están obligadas a cumplir con compromisos de inversión para mantener la concesión. A cambio, el Gobierno recibe impuestos, pagos por concesiones y derechos, inversión y generación de empleo.