Las disposiciones que buscan otorgar una ventaja competitiva a empresas estatales y cuya aplicación derivará en la suspensión de permisos y, particularmente, en la ocupación de instalaciones por la autoridad, afectarían de forma negativa inversiones provenientes de diversos países (trato nacional, trato justo y equitativo y expropiación directa e indirecta).
La iniciativa pudiera contravenir diversos tratados de libre comercio como el T-MEC, con los países de la región transpacífica (TIPAT o CPTPP), con los países miembros de la Unión Europea y con los países de Centro y Sudamérica (Alianza Pacífico).