2 DE OCTUBRE 2023
Considerar que en esos momentos difíciles, como el 68, el Ejército recibe órdenes. El Ejército actúa en esos casos recibiendo órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas".
3 DE OCTUBRE 2023
Defiendo al Ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. Nuestro Ejército es un Ejército popular, por eso digo que el soldado es pueblo uniformado y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los Presidentes civiles".
¿Qué significa la consideración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Ejército no fue el principal responsable en la matanza de Tlatelolco de 1968?
Es la vieja tesis de que no fue el Ejército sino Díaz Ordaz. Tiene razón el Presidente en esa afirmación porque, en efecto, el General Marcelino García Barragán no estaba enterado de que el Presidente le había ordenado al jefe del Estado Mayor Presidencial enviar a un grupo de 10 o 12 oficiales que fueron los francotiradores que desataron la balacera y que terminó en la masacre que todos conocemos. El mismo General García Barragán, años después, en el 99, entregó a Julio Scherer su testamento, su explicación de todo esto con mucho detalle.
Así que en ese aspecto, sólo en ese aspecto, tiene razón. Lo otro es más complejo, porque en realidad desconocemos cuál ha sido la función del Ejército, de las Fuerzas Armadas, como aparato utilizado para el uso y abuso de la fuerza de manera ilegal. Y no podemos verlo porque no está la información disponible. Mientras no tengamos la capacidad de entender el contexto y las actuaciones que hicieron individuos oficiales precisos, con nombre y apellido, no sólo el 68, sino durante la Guerra Sucia, no podremos saber cuál ha sido con precisión el papel de las Fuerzas Armadas, que es mucho más amplio de lo que sabemos. Eso conduce a Ayotzinapa. La ruptura con los padres vino porque según el GIEI y las madres y padres, el Ejército tuvo información que no quiere entregar. El General Secretario de la Defensa dice ‘no tenemos más, pregúntenle al “Gil”. El Presidente dice “en efecto no tienen más”, y se cierran los archivos, pero esa misma queja están haciendo los comisionados de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia de que se les están cerrando las puertas de la información militar.
Es una opinión. Es grave por quien la emite. Pero en el caso del Movimiento Estudiantil Popular de 1968 y los hechos sangrientos del 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco, lo objetivo es oír los testimonios de quienes estuvimos allí. Todos los que vimos actuar a las Fuerzas Armadas disparando en contra de la multitud, dirigiendo sus armas lo mismo a la plaza que hacia el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua, donde estaba el presidium del mitin, donde estábamos los integrantes del Consejo Nacional de Huelga, que para ellos, claramente, detenernos era un objetivo, sin importar el costo de heridos y aun de vidas humanas, de niños, niñas y personas de todas las edades.
Esa opinión no es objetiva y no ayuda.
Yo creo que está claro que el Presidente tiene una postura ya de exonerar al Ejército de la matanza del 68. Creo que hay bastante información tanto de las víctimas como de los sobrevivientes sobre la responsabilidad que tuvo el Ejército, de la estrategia que implementó para reprimir a una población civil, a estudiantes, y al mismo tiempo de ocultar esta información. Entonces, hacer esta disección de que fue el Comandante Supremo o que fue el Estado Mayor Presidencial (el culpable) y que el Ejército no tuvo que ver con esta masacre es querer generar un distractor para limpiar la imagen de un Ejército que ha sido represor.
Lo que sabemos es que el Ejército actúa como un cuerpo que tiene roles muy específicos para actuar, máxime que se volcó contra la población. El ejercicio del derecho a la protesta fue reprimido por el Ejército, y no podemos decir que actuaron por cuenta propia. Actuaron por una consigna de apagar esta manifestación pública.
Coincido con el Presidente, el principal responsable fue Díaz Ordaz, por ordenar que dispararan contra estudiantes no armados, al igual que hoy López Obrador, es él el responsable de que miles de personas sean asesinadas, por ordenar a las fuerzas Armadas que se paseen sin actuar contra los criminales. Es lo mismo en que parecieran ser dos extremos opuestos.
Indudablemente se trata de un cambio sustancial en la retórica y la memoria histórica del movimiento, que por décadas ha encabezado el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que se refiere a las tareas represoras en general del Ejército mexicano, así caracterizadas por ellos, y en particular lo que se conoce mediáticamente como la matanza de Tlatelolco, me parece que ese posicionamiento los viene a modificar, y por el otro lado, a empatar con las versiones más documentadas respecto de la participación del Ejército mexicano.
Poco se habla, por ejemplo, de los más de 40 soldados que murieron asesinados precisamente ahí, en Tlatelolco, ese mismo día, junto con decenas de personas y de estudiantes, entonces si es un cambio muy importante en ese sentido, pues la declaración del Presidente López Obrador abriría la puerta nuevamente en este tipo de eventos son traumáticos e históricos para las sociedades. ¿Entonces quien fue el responsable? ¿Cómo se orquestó? ¿Cuál fue el motivo de la realización de este muy lamentable acontecimiento?
Permíteme primero un apunte histórico fundamental para contextualizar. Aunque está documentada la participación y despliegue del Ejército en la plaza de Tlatelolco, es menos claro que esta institución sea la única responsable de la masacre del 2 de octubre. Mucha de la evidencia apunta a que ese lugar le corresponde al Estado Mayor Presidencial (EMP), mismo que gozaba de autonomía con respecto a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los francotiradores que se apostaron en los edificios que rodeaban la plaza y que desataron la balacera eran, con toda probabilidad, Guardias Presidenciales y respondían a las instrucciones del General Gutiérrez Oropeza, titular del EMP. Aquella tarde, además, convivieron en la Plaza (al menos) elementos de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal, la Judicial del Estado de México y la del Distrito Federal. El 2 de octubre hubo responsabilidades cruzadas.
El discurso del Presidente López Obrador pretende diferenciar, no sin algo de razón, las responsabilidades institucionales y personales de aquella tarde. El hecho es que hace mucho dejó de importar la verdad de los hechos y comenzó a volverse más relevante la narrativa de estos. En ese sentido, el Presidente se monta en una discusión (por lo demás saturada) cuyo propósito no es necesariamente dilucidar o esclarecer, sino justificar motivaciones políticas del presente.
La postura de defensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Ejército se explica como parte de la estrategia que tiene para dar continuidad a la 4T. El Ejército, en esta lógica, es algo así como una guardia pretoriana, es decir uno de los pilares que permitirá la continuidad de las políticas del Presidente López Obrador con la eventual elección de Claudia Sheinbaum como próxima Presidenta; el Presidente genera una alianza estratégica con el Ejército, de modo tal que es reacio a aceptar cualquier responsabilidad del Ejército en hechos como la matanza de Tlatelolco en el 68.
Tiene cierto sentido el hecho de que el Presidente se resista a aceptar lo que muchos investigadores han descubierto con el tiempo, que hubo una conspiración entre integrantes del Estado Mayor Presidencial en el tema 68 de disparar contra la multitud en Tlatelolco y que a su vez esto provocó una balacera con el Ejército, y la muerte, en el fuego cruzado entre los elementos del EMP y el Ejército, el asesinato de civiles que se habían presentado de manera pacífica a un mitin.
La responsabilidad de Ejército está más que comprobada, sin embargo, el Presidente, por esta alianza estrategia que tiene con el Ejército, y que sea el Ejército un pilar y un garante de la continuidad de la 4T, impide que el Presidente tenga una crítica al desempeño del Ejército en hechos de sangre.
¿Qué significa que el Presidente exima de responsabilidad institucional al Ejército por la desaparición de los 43 en Iguala?
La exoneración que hace así, tan general, el Presidente sobre el Ejército no se sustenta. Y no se sustenta porque necesitamos una verificación independiente, que no va a tomar en cuenta o que tomará en cuenta lo que el Presidente dice. Porque el Presidente puede decir lo que quiera, es su opinión, pero los documentos hablan y en ese sentido el Ejército, la Marina y las Policías todavía tienen muchísimo que explicar sobre lo que pasó en casos específicos.
Que libere de responsabilidad institucional al Ejército es un error incomprensible. Parece que está creyendo que basta con su palabra. Evidentemente, es el señor de las mañaneras, pero eso no lo acredita como una fuente confiable a la que tengamos que atender. Es su opinión, y será contrastada con la opinión que sigamos obteniendo de diferentes fuentes.
Acusa a Díaz Ordaz en el 68, como Comandante Supremo, pero exime a Peña Nieto en Ayotzinapa.
Me sorprende que lo diga, porque en el caso de Peña Nieto está más que probado que hubo una omisión deliberada de su parte y un intento por tergiversar lo que había pasado dentro. Y en el relato de los hechos, hay lagunas que impiden entender exactamente cuál fue la responsabilidad de las instituciones y si en efecto eran sólo errores de personas, de oficiales, de tropas o sí había un diseño estructural de protección de los criminales.
En el caso de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa agredidos y desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, al igual que los crímenes de Estado cometidos en 1968, la llamada guerra sucia, Acteal y muchos otros, lo que esperaríamos es que el Presidente actúe como representante de todos los mexicanos y que, como Jefe de Estado que lo es, impulsara un juicio justo.
Que se comprometa que todas las dependencias públicas que tienen información de estos casos la entreguen —sin restricciones— a la Fiscalía General de la República para que los agentes de Ministerio Público hagan su trabajo de procurar justicia representando al pueblo.
Ninguna autoridad debe intervenir para sesgar la opinión del aparato de justicia, así sea el MP o los jueces y magistrados.
Yo Creo que para las familias, para los papás, las mamás, para las víctimas, tanto del pasado como del presente, es una falta de respeto, como le dijeron al Presidente en la reunión en el Palacio Nacional. Porque ellos han leído los seis informes del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) y han constatado la veracidad de estas líneas de investigación y han pedido en las últimas reuniones con el Presidente que hable con el Ejército para que entregue toda la información que tiene sobre Ayotzinapa. De ahí es donde viene la frustración, el enojo, la indignación de las madres y padres. Porque en lugar de abrir los expedientes, se cierran las puertas para que no se pueda ventilar. Lo más grave es exonerar por decreto y no con pruebas contundentes, como lo ha hecho el GIEI, a un Ejército que históricamente no ha dado cuentas de los crímenes del pasado y de los actuales casos de graves de violaciones a los derechos humanos.
Es una decisión del Presidente de exonerar por decreto que dista mucho de las expectativas que tenían las mamás y papás de que con la postura del Presidente, con la Covaj (Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa), con la UEILCA (Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa), se pudieran encausar las investigaciones para castigar a los responsables. Pero ahora con la postura del Ejército de decir que no tienen más información, es realmente entrar a una etapa en donde se decreta desde la figura presidencial que el Ejército no es responsable y se deja en estado de indefensión a las víctimas.
No podemos hacer tabula rasa del papel del Ejército en Guerrero durante los años de la Guerra Sucia. Tampoco podemos ignorar que el General Acosta Chaparro, en Guerrero, jugó un papel muy violento en cuanto a que no solamente estuvo a su mando el Ejército, sino que también fue director de seguridad en el estado. Y al mismo tiempo se le vinculó con el narcotráfico. No podemos excluir estos hechos de la desaparición de los 43 y el asesinato de los normalistas porque en Guerrero esas instituciones militares se crearon en ese contexto de contrainsurgencia.
Sabemos que un elemento no puede actuar por cuenta propia y al mismo tiempo sabemos que el Ejército monitoreó a los estudiantes desde Tixtla, que hicieron seguimiento en Iguala con el C-4, sabemos de los militares infiltrados como estudiantes, que agredieron a los mismos estudiantes en una clínica… No podemos decir que esto fue un hecho fortuito de 5, 6, 10 elementos, sino que fue toda una movilización concertada por mandos superiores. Esto lo sabemos no a través de elucubraciones, sino de datos muy precisos como lo ha demostrado el GIEI, sobre la participación del Ejército. Creo que le daría mayor credibilidad a la postura del Presidente si estuviera toda la información de este Centro Regional de Inteligencia que estuvo en Iguala y que han pedido los padres y madres. A partir de esta revisión y de esta investigación, cabría la posibilidad de poder decir que en verdad fueron algunos elementos.
Mientras no se tenga esa información pues es una opinión que no tiene sustento.
No considero que la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa hubiese sido ordenada desde la cúpula del Ejército, sin embargo, sí tiene responsabilidad el Ejército por tantos años de corrupción y muertes en Guerrero. Tan solo recordemos que ha sido uno de los estados militarizados por décadas, que se mantienen en una situación deplorable de violencias sin que el Ejército haya hecho nada por evitarlo, por el contrario hay miembros de alto nivel que han estado ahí como testigos o cómplices de la violencia.
Que el Presidente exima de responsabilidad institucional al Ejército por la desaparición de los 43 en Iguala significa impunidad desde el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.
En medio siglo el Ejército ha sido protagonista de acontecimientos cuya documentación periodística e histórica indica su responsabilidad en violación de derechos humanos, desapariciones y ejecuciones. Tlatelolco en 1968, la Guerra Sucia de los 70 y la persecución de las guerrillas y el combate contra el narcotráfico han sido momentos emblemáticos.
El hecho de que el Presidente exima de responsabilidad al Ejército en los acontecimientos de Iguala, en septiembre de 2014, pues evidentemente también va acercándose a la visión más documentada y argumentada respecto de qué fue lo que sucedió aquella noche, es decir, como él mismo lo señaló en su conferencia matutina, pues tuvo que ver la colusión entre policías municipales, en particular de tres municipios, de Iguala, de Cocula y Huitzuco, con la organización criminal Guerreros Unidos.
Haría falta las aportaciones que podría dar la DEA sobre todo en lo que dice que tiene en su poder, las grabaciones y transcripciones de mensajes telefónicos y de WhatsApp entre miembros de la organización criminal recluidos en esos días en la penitenciaria federal en Chicago, y el intercambio que tenía con sus operadores ese día, entonces el Presidente trata de distinguir, y me parece que de manera acertada, entre lo que son unos elementos (del Ejército) y lo que es una institución, que por cierto aún están en proceso de evidencia, de si hubo esta participación directa en los acontecimientos del levantamiento, asesinato y desaparición de los integrantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos.
PEl Presidente enfrenta un dilema: por un lado, respaldar la política de Justicia y Verdad que parte de su Gobierno sí ha enarbolado (principalmente por la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación); por otro lado, continuar forjando su alianza con el estamento militar. Ayotzinapa está atrapada en esta tensión. Las declaraciones de la semana pasada del presidente y la desautorización que hizo al GIEI hacen pensar que ha terminado de decantarse por lo segundo. El fino equilibrio terminó por romperse. Ahí solo pueden perder las víctimas.
Percibo que el Presidente López Obrador sí intentó, de buena fe, dar una respuesta a la demanda de los padres de los estudiantes normalistas, lamentablemente secuestrados en Iguala. De hecho, sí, se avanzó en la investigación del caso, se conocen más detalles de esa tenebrosa noche, sin embargo, cuando las investigaciones apuntaron la responsabilidad y coparticipación del Ejército, tanto en el secuestro como en el asesinato y después en la desaparición de los cadáveres de los jóvenes, hay una resistencia evidente del Presidente a que altos mandos del Ejército involucrados en este asesinato de jóvenes estudiantes fueran tocados, entiendo que si hay elemento del Ejército, un General, que está sometido a procesado, sin embargo, no pareciera ser el único.
Es decir, el Presidente en el caso de Ayotzinapa, así como en el caso del 68, busca deslindar al Ejército de cualquier responsabilidad.
En medio siglo el Ejército ha sido protagonista de acontecimientos cuya documentación periodística e histórica indica su responsabilidad en la violación de derechos humanos, desapariciones y ejecuciones. Tlatelolco en 1968, la Guerra Sucia de los 70 y el combate al narcotráfico han sido momentos emblemáticos. ¿Cuál es su opinión del rol del Ejército en este medio siglo? ¿Cuál debe ser el juicio sobre sus acciones y responsabilidades?
A partir de 1968, las Fuerzas Armadas es la institución que de manera presupuestal se ha empoderado de manera más sistemática y creciente. Sin embargo, se mantiene en áreas grises. Tiene que ser más transparente, ese es uno de los grandes retos.
Hasta 68 eran un instrumento del Presidente, de los gobernadores. Bastaba que les dijeran “ve y reprime a tal o cual grupo, porque me están creando problemas”, y lo hacían. Después de lo que el General Secretario Marcelino García Barragán llamó “la trampa de Tlatelolco”, porque, en efecto, el Presidente ordenó a una docena de oficiales del Estado Mayor Presidencial ir a disparar contra la multitud de Tlatelolco. Después de eso viene una revolución al interior de las Fuerzas Armadas que sí son leales al Presidente, pero que no son instrumentos ciegos. Por ejemplo, durante el conflicto de Oaxaca con la APPO, Vicente Fox le ordenó el General Secretario Gerardo Clemente Ricardo Vega que mandara a reprimir y él dijo ‘cómo no, Presidente, pero me lo pone por escrito’. Y Vicente Fox les dijo que no.
Las Fuerzas Armadas han sufrido una revolución. Hay una simplificación sobre lo que son, pero se han profesionalizado y educado de una manera extraordinaria. Desafortunadamente no se conoce lo suficientemente de ellos y tampoco hay una disposición, y hacen todo lo que pueden por proteger a los integrantes del Ejército. Y eso significa que no quieran reconocer o que les cuesta mucho trabajo reconocer que sí hay casos de abusos, de excesos cometidos por oficiales o jefes o tropas.
Es correcto lo que dices. El Ejército y diversos cuerpos policiales han esparcido la violencia en contra de mucha gente. Mira, a un lado del Campo Marte, allí sobre Paseo de la Reforma, hay unas placas de acero, Estelas las nombran los artistas plásticos y los arquitectos, como el monumento que está montado en la Plaza de Tlatelolco, la Estela de Tlatelolco. Ese sitio fue construido por el Gobierno de Felipe Calderón con el nombre de Memorial a las Víctimas de la Violencia, tratando de significar que se trataría de honrar la memoria de las personas agredidas, desaparecidas o asesinadas por el crimen organizado. Raúl Álvarez Garín, junto un grupo de jóvenes de diversos centros de educación superior de todo el País se dieron a la tarea de documentar los casos de personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas y violentadas por las Fuerzas Armadas, se grabaron allí los nombres de alrededor de 10 mil personas o más, indicando el tipo de violencia que cada persona sufrió, el tiempo, lugar y razón por la que fue agredida, la mayor parte de ellos, a manos del Ejército. El sitio fue renombrado por los jóvenes y por el Comité 68 como Memorial a las Víctimas de la Violencia del Estado; este trabajo data de 2010-2012. El número de víctimas ha crecido muchísimo. En ese memorial hay nombres de personas de muy diversos sectores sociales y posturas políticas e ideológicas, obreros, campesinos, luchadores urbanos por vivienda, defensores de derechos humanos, defensores de las tierras ejidales y comunales, desde estudiantes, hombres y mujeres. Y algo muy doloroso es que cuando analizas esos nombres, se puede ver que allí están familias completas, hasta de dos o tres generaciones, abuelos, padres y nietos.
Es como la repetición del crimen brutal cometido por el Ejército en contra del líder campesino Rubén Jaramillo y toda su familia, en el año 1962; seguramente siguiendo las órdenes del entonces Presidente de México Adolfo López Mateos, pero es un crimen de Estado, cometido por las autoridades civiles de entonces, comenzando por el Presidente, y tenemos que decir y reconocer, inevitablemente, que ejecutados por las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Todos esos hechos se tienen que aclarar, porque siguieron pasando durante muchísimos años, y son crímenes que permanecen impunes. Y en la medida que la impunidad continúa, los crímenes se siguen cometiendo.
La impunidad corroe la vida nacional, no se puede construir democracia verdadera en medio de una situación así.
En las últimos cinco décadas, el Ejército ha violentado los derechos humanos de la población. Fue un actor represivo en los años de la Guerra Sucia, en la década de los 60, que implementó planes de contrainsurgencia. Hubo una estrategia nacional de desmantelar cualquier protesta, ya sea pacífica o a través de la acción armada, de aniquilar, de destruir al enemigo. Esto causó graves daños a una población civil, a indígenas, campesinos a madres de familia, a comunidades rurales. Desarticuló la vida comunitaria, rompió el tejido social, porque se encargaron de destruir cualquier vínculo con la población al costo de vidas humanas.
Estamos hablando de un Ejército que ha declarado la guerra a los mismos ciudadanos de nuestro País, que se ha vuelto en contra de quienes han levantado la voz. Ha actuado en favor del autoritarismo, de los caciques, y protegiendo intereses facciosos, ya sea políticos o económicos. Eso ha sido a lo largo de esta década de los 60, 70, 80.
En la guerra contra el narcotráfico con Calderón emergió nuevamente el instituto armado declarando la guerra supuestamente a los grupos de narcotráfico, pero que igualmente ha causado graves violaciones a los derechos humanos. Desde entonces las desapariciones se incrementaron, y las ejecuciones, por parte del Ejército. Ha habido acciones letales como lo de Tlatlaya (el 30 de junio de 2014), lo de El Charco (el 7 de junio de 1998). Otros recientes, como el asesinato de jóvenes en Tamaulipas (el 26 de febrero pasado).
Ha habido acciones letales que ha implementado el Ejército y la Marina contra la población, porque además son actores que gozan de impunidad. Sus delitos se han trasladado a la Procuraduría de Justicia Militar, donde se protegen a los militares que violan derechos humanos.
Es un instituto que goza de impunidad e inmunidad, protegido desde las altas esferas del poder. Un instituto al que se le reducen los daños a la mínima expresión de que fueron ‘algunos militares que actuaron por su cuenta’, y se trata de exonerar como un instituto que tiene una estrategia de contrainsurgencia. Con el combate del narcotráfico ha propiciado una violencia desenfrenada. Ha elevado el número de víctimas de personas desaparecidas, de personas asesinadas y ha hecho que nuestro País esté en una situación de descontrol, de mucha violencia y de falta de garantías para vivir en libertad, seguridad y paz.
Su responsabilidad está documentada. La opacidad y la falta de rendición de cuentas del Ejército durante décadas debería llevarnos, por el bien de los mexicanos y del Ejército mismo, a una reforma profunda de la institución.
El rol del Ejército en este medio siglo, bueno, desde luego que es una institución que por sus características, no solamente en la democracia mexicana, sino en cualquier democracia, pues tiene obviamente participaciones que pueden resultar polémicas, discutibles en su momento, como las que se enumeran en la pregunta: la denominan Guerra Sucia, los propios acontecimientos de Tlatelolco, entre otros muchos.
Y la pregunta en cuál debe ser el juicio sobre sus acciones y responsables, me parece que siguiendo el argumento del Presidente de la República, pues tendría que analizarse, en lo posible, en su totalidad o en su mayor número porque no podríamos dejar de lado el Plan DN-III, de apoyo a la población en labores de auxilio ante situaciones de catástrofe.
Tendríamos que considerar también el enorme aporte del personal del Ejército mexicano que es capacitado y reclutado por otras empresas privadas, por ejemplo, los choferes de camiones de transporte de tropa y que son reclutados por las compañías de autobuses foráneos, el Sistema Educativo Militar, tanto de la Defensa como de la Marina…
En lo que se refiere a sus acciones y responsabilidades, pues tendríamos que ampliar notablemente estos ejemplos, este enfoque, y también en lo que se refiere a las labores de apoyo de seguridad pública que siempre ha tenido el Ejército México desde 1946, cuando ya era Presidente electo, Miguel Alemán, por el PRI, y al día de hoy sigue siendo el principal recurso para la seguridad pública.
La participación y responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo de Guerra Sucia está fuera de toda duda. No es materia de especulación.
Es un hecho histórico ampliamente documentado.
¿Qué no sabemos? La falta de acceso a archivos históricos dificulta, sino es que hace casi imposible, detallar el grado de responsabilidad de agrupamientos, batallones, escuadrones y regimientos determinados en eventos específicos, así como el funcionamiento de la cadena de mando.
Tampoco conocemos del todo cómo se entrelazó el trabajo del Ejército con el de otras fuerzas estatales (de orden civil) para tareas represivas, tales como la Dirección Federal de seguridad (DFS) y las policías estatales. Sigue siendo una agenda pendiente el estudio de policías locales y subnacionales en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
La Guerra Sucia en México fue conducida por una pluralidad de actores. Las Fuerzas Armadas jugaron un papel central, pero no fueron la única herramienta de la que abrevó el régimen político para garantizar su supervivencia. Entender esto es clave para comprender cómo y por qué instituciones civiles siguen sin ser llamadas a cuenta por sus acciones y responsabilidades durante el periodo.
Varios Ejércitos latinoamericanos, como el de México, fueron llamados de manera coyuntural por civiles por la efervescencia social, la competencia política, que ponía en riesgo a la continuidad del régimen priista, entonces en distintos episodios de la historia de México, cuando la movilización social, tanto pacíficas como de guerrilleros en la década de los 70, el Ejército fue llamado para ejercer labores de represión en contra de los opositores del régimen, entonces, como el Ejército no cumple con una labor de Defensa Nacional, porque nunca ha habido en la historia moderna una amenaza real y tangible a la independencia de México, lo que tenemos es un Ejército dedicado a la contención de problemas internos, a sostener a los gobiernos que ha habido en el País, tanto del PRI como los de transición, con la 4T desempeña la misma función. No tenemos un Ejército profesional como tal, tampoco se especializó en tareas de seguridad pública.
¿Qué opina del rol del Ejército en este sexenio? Coordina las tareas de seguridad pública y nacional; extiende su influencia como administrador de empresas estatales; vigila las aduanas; interviene como administrador en materia de salud. Es decir, asume tareas gubernamentales que antes desempeñaban los civiles.
Creo que esa es una pregunta que debemos hacernos a partir de octubre del 2024. Porque no creo que ni ellos ni nosotros sepamos lo que implica que hayan adquirido tanto poder. No sólo la sociedad mexicana sino las Fuerzas Armadas van a tener que dar respuesta a inquietudes a dudas y exigencias que vienen de una sociedad que ve con asombro y suspicacia el poder que han alcanzado los militares. Creo que van a tener que hacer concesiones de diferente tipo, no sabemos cuáles, porque en estos momentos tienen la protección del Presidente que sale a responder y hablar por ellos. Parte de eso se va a acabar, porque se siente como papá de las Fuerzas Armadas a las que tiene que proteger. Bien o mal, esa fue su decisión. Yo creo que está cometiendo un error, pero ya tendrán las Fuerzas Armadas y la sociedad que resolverlo en el próximo sexenio, no en este.
Es un misterio por qué el Presidente le ha dado tanto poder al Ejército. Tengo hipótesis por supuesto.
Cuando era Presidente electo, en el otoño del 2018, tuvo dos reuniones con la cúpula militar, Generales y almirantes. Ignoramos qué pasó en esa reuniones, mi hipótesis es que los militares le entregaron un mapa detallado del poderío que tenía el crimen organizado en esos momentos. No estoy seguro de que haya sido eso. Uno de los grandes misterios que nadie me ha podido explicar del mundo de la 4T es la metamorfosis que vivió el Presidente frente a los militares.
Incluso él decía que no se debía usar al Ejército para suplir la incapacidad de los Gobiernos civiles.
Sí, eso decía, el hecho es que recibió un Estado débil y que él mismo tiene bases de poder débiles. Me refiero a López Obrador: es popular, pero es débil, y si no cuenta con Morena porque es un partido poco estructurado, muy deficiente, pues tiene las Fuerzas Armadas que sí tienen la capacidad de responderle rápido y hacerle el trabajo que se les encarga. Nos va a llevar todavía un tiempo entender qué fue lo que pasó y por qué el cambio. El punto de partida, en mi opinión, son las dos reuniones que tuvo con los militares el otoño de 2018.
Soy de la opinión de que el Ejército debe concentrarse en sus tareas históricas de guardar la seguridad nacional y dejar la Seguridad Pública en manos de una Policía debidamente capacitada, formada, bien pagada, educada en los principios del Derecho y obligada a respetar los derechos humanos. Yo no soy especialista en temas de seguridad, pero creo que necesitamos apegarnos por lo menos a un elemental sentido común, donde lo fundamental es la paz pública, el respeto a la vida y a los derechos de las personas, para llegar a ser un país con un pueblo que vive en libertad, con alegría, teniendo condiciones para ser felices. No es una receta, porque no la tengo, pero es un anhelo, es un sueño que se formó en mi pensamiento desde los días aquellos del Movimiento de 1968 cuando infinidad de veces marchamos por las calles de nuestro País, en comunión con nuestros compañeros de escuela, con los vecinos de todos lados, hombres y mujeres, niños, jóvenes, personas adultas y de diferentes edades, con alegría, con coraje también, y en ese tiempo aprendí que siempre que aparecían la Policía, el Ejército, o ambos, había violencia y había sangre.
Hoy tenemos a la Guardia Nacional, que debiera ser civil, pero es militar. La Guardia es la entidad de Gobierno que genera la mayor cantidad de quejas por violaciones a los derechos humanos. No hace falta investigar mucho. Allí están los datos, son del dominio público. El Estado debe parar esta violencia.
Es un actor que en lugar de garantizar la seguridad nacional se ha trasladado a otras áreas como un actor empresarial, un actor que suplanta a las autoridades civiles en seguridad pública, un actor que entra a la escena pública con obras estratégicas. Se ha ido a militarizando la vida pública, se ha ido expandiendo la presencia del Ejército en instituciones que deben de estar controladas por autoridades civiles. Hablo de las fiscalías estatales donde los titulares son elementos del Ejército, en la Secretaría de Seguridad Pública también. Incluso en Migración. Tienen una empresa aérea y administran el AIFA.
El Ejército hoy es un actor con mucho poder económico, que además goza de mucha protección para que no sea señalado como un violador de derechos humanos. Se ha tratado de limpiar su imagen a través de la misma figura presidencial.
El poder económico y político que AMLO le otorgó al Ejército, provocó el desequilibrio civil-militar que no habíamos visto desde que en 1946 se separó al Ejército del poder político. Esto se logró dándole independencia en el manejo de sus recursos, seguridad social y servicios de salud para los elementos, que hacía que se mantuvieran fuera del poder político y permitía que el poder civil estuviera por encima del poder político.
Como dijo AMLO, antes de tomar la Presidencia, “yo desaparecería al Ejército”, con tanto dinero y responsabilidades, quizá esa sigue siendo su intención, y mientras termina de corromperlo los utiliza y utilizará a favor de su ‘cuarta transformación’.
Considero que el rol del Ejército en este sexenio nos ha permitido constatar que no están preparados para darnos seguridad ni para tener responsabilidad en el manejo de recursos que, además por ley, nada de esto les corresponde. Hoy tienen el control terrestre, marítimo y aéreo del País; controlan lo que sucede en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles. Y sin embargo no estamos mejor en seguridad, estamos peor que antes.
El proyecto militarista del Presidente deja en una situación muy vulnerable a quien llegue a la Presidencia en el siguiente sexenio. El Presidente seguramente no le creyó a la cúpula militar, que ellos podían con todo y no eran corruptos como el resto de los mexicanos. Pero en su sed de poder les compró la idea y los utiliza para sus fines.
Todas las actividades que las Fuerzas Armadas han desempeñado, desde 1946, hasta este, desde el inicio al último año del sexenio del Presidente López Obrador, han sido por instrucciones de los propios civiles, es decir, las distintas actividades de apoyo al desarrollo nacional, en esa amplitud de denominación, pues caben las indicaciones que les pueda dar Adolfo López Mateos, Ernesto Zedillo o Andrés Manuel López Obrador; entonces me parece que cumplen en las instrucciones, que por doctrina militar les da el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas tal y como viene denominado en el Artículo 89 fracción sexta de la Constitución.
Entonces, en esos términos, sin duda alguna se trata de una fuerza institucional para las Fuerzas Armadas, para las Secretarías como tales, pero están atendiendo los requerimientos que el propio Presidente había planteado, pensemos solamente el tiempo que lleva la construcción de obras como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya o el Tren Transístmico, y a mí me parece que si no lo hubieran hecho militares la verdad es que las empresas privadas, entre los concursos y demás, francamente no estarían a tiempo terminadas.
Coordina las tareas de seguridad pública y nacional; extiende su influencia como administrador de empresas estatales; vigila las aduanas; interviene como administrador en materia de salud. Es decir, asume tareas gubernamentales que antes desempeñaban los civiles.
Basta leer y conocer algo de historia de América Latina para conocer los retos, dilemas y problemas que tiene otorgar al Ejército facultades fuera de su función original. No son menores. Insisto: basta abrir un libro. Eso ya lo sabemos. Me gustaría, sin embargo, señalar algo que no se dice tanto como debiera: el correlato del empoderamiento del Ejército es la disfuncionalidad de las instituciones civiles para responder problemas prácticos. De eso tenemos que hacernos cargo también.
Varios Ejércitos latinoamericanos, como el de México, fueron llamados de manera coyuntural por civiles por la efervescencia social, la competencia política, que ponía en riesgo a la continuidad del régimen priista, entonces en distintos episodios de la historia de México, cuando la movilización social, tanto pacíficas como de guerrilleros en la década de los 70, el Ejército fue llamado para ejercer labores de represión en contra de los opositores del régimen, entonces, como el Ejército no cumple con una labor de Defensa Nacional, porque nunca ha habido en la historia moderna una amenaza real y tangible a la independencia de México, lo que tenemos es un Ejército dedicado a la contención de problemas internos, a sostener a los gobiernos que ha habido en el País, tanto del PRI como los de transición, con la 4T desempeña la misma función. No tenemos un Ejército profesional como tal, tampoco se especializó en tareas de seguridad pública.
¿Hay riesgos políticos de intervención política del Ejército, de sus mandos?
El Ejército ya está interviniendo de manera indirecta en la política, porque está controlando buena parte de la seguridad de los estados, y toda la Federación. Por lo tanto, lo que hacen tiene efectos en muchos ámbitos en la vida nacional. No es extremo pensar en un candidato presidencial que sea militar, de hecho ya fue así. Después de la Revolución y hasta 1946 hubo Presidentes militares, con algunas excepciones en el maximato. Vino después la etapa de predominio de los civiles, sobre todo después del 46, y no sabemos que vaya a suceder.
Estamos ante la conformación de una nueva repartición del poder, que es lo que hay que vigilar con mayor cuidado. Qué bueno que se ponga atención en las Fuerzas Armadas, es un animal muy grandote digno de ser estudiado con mayor cuidado.
Todavía el Presidente de la República es el Comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Hoy el Ejército y la Marina están a cargo de tareas que deben estar haciendo los civiles y concentran un poder que nunca habían tenido, aunque siempre fueron muy poderosas; hoy además tienen mucho poder económico y control de muy amplias áreas administrativas.
Por lo anterior pienso que como todos los servidores públicos, los militares deben estar sometidos a la ley y al escrutinio de las instancias de control público y, sobre todo, las Fuerzas Armadas deben estar sometidas al control del pueblo y sometidas a la obligación de la rendición de cuentas. Hay que crear los mecanismos legales para que esto suceda sin vulnerar las facultades que le otorgó el Constituyente de 1917. Sin rendición de cuentas, no hay garantía de incorruptibilidad.
Pero yo quiero volver al tema inicial: para resolver los casos de violencia el 2 de octubre de 1968 y conocer la verdad en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, es indispensable que el Ejército entregue la información que sin duda tiene en sus archivos.
En el caso del 2 octubre, durante las ultimas 5 décadas hemos demandado que la Sedena entregue ante el MP y ante los tribunales los expedientes donde se explique la actuación de la tropa en los hechos sangrientos de ese día. Ya con eso, las autoridades ministeriales y judiciales deberán resolver con plena libertad, con apego a Derecho y a los principios de legalidad y justicia. Sobre este caso, hay una causa judicial abierta. En su momento, diversas instancias de la SCJN emitieron sentencia en el sentido de que el 2 de octubre se cometió un delito de lesa humanidad en contra de un grupo social mexicano, los jóvenes estudiantes.
Mi testimonio de ese día es que yo fui detenido en el edificio Chihuahua de Tlatelolco por cuatro elementos militares uniformados, que me subieron en un camión militar junto con decenas de otros compañeros y fuimos llevados al Campo Militar Número Uno, donde permanecimos incomunicados durante varios días, sometidos a interrogatorios que practicaron siempre militares que se identificaron muchos de ellos como miembros de la Unidad de Inteligencia del Ejército, que a algunos de nuestros compañeros les montaron simulacros de fusilamiento para obligarlos a declarar lo que los interrogadores querían que se declarara… ¿qué más debemos decir?
Yo solamente he demandado y sigo demandando que el Ejército entregue la información que indique su actuación de ese día. Quién o quiénes dieron las ordenes de reprimir, qué tipo de órdenes se dieron y cómo fueron transmitidas a la tropa. Cuántos muertos y cuántos heridos levantaron de la plaza, que fue limpiada por el mismo Ejército.
El tiempo ya pasó. Pero el duelo de las familias que fueron afectadas, aún allí continúa. El Estado mexicano tiene obligación de procurar justicia y los mexicanos tenemos derecho de ello.
Respecto de Ayotzinapa, la demanda de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos es también clara. Que el Ejército entregue la información de que dispone y que permita localizar el paradero de los jóvenes, y las circunstancias en las que fueron desaparecidos.
Ha ido ocupando la vida pública y ya tiene todas las condiciones para que también se transforme en un actor político que desplace a las mismas autoridades civiles. Este es un momento crítico del proceso de militarización que vivimos en el País, porque hay instituciones civiles débiles y hay un instituto armado muy fuerte en todos los sentidos, económicamente, militarmente y con una alianza estratégica con el Presidente.
El riesgo es que las instituciones democráticas queden supeditadas a las directrices que quiera imponer el Ejército. Por ejemplo, la Fiscalía del Estado en Guerrero está en manos de una fiscal militar y obviamente todos los mandos altos de la fiscalía son militares. Lo mismo sucede con la Secretaría de Seguridad Pública, que es un marino. El riesgo es que el poder civil vaya quedando supeditado al poder militar. La estrategia de seguridad, las políticas migratorias, hasta en políticas de desarrollo.
Esto es un problema, ya con el empoderamiento económico del Ejército, con su presencia en las instituciones de seguridad y también con el respaldo de la figura presidencial. Al rato van a decir que para que supuestamente se garantice el combate a la corrupción será necesario colocar a un militar dentro de las instituciones civiles. Así es como se está dando carta de naturalización en nuestra vida democrática y eso es de alto riesgo.
Por supuesto, la cúpula actual del Ejército, como lo dijo claramente el Secretario (Luis Cresencio Sandoval) hace un año, están con el proyecto del Presidente, no con los mexicanos y su Constitución. Veremos pronto hasta donde llega este compromiso.
No puedo dejar de señalar que por pláticas que he tenido con Presidentes anteriores, es tradicional que en la reunión de la cúpula del Ejército con el Presidente entrante, estos muestren documentos a modo para persuadirlo, que les dé todo el poder en seguridad y que les otorgue negocios para mantener las pensiones y otros gastos. Los Presidentes anteriores, los escuchaban y luego les acotaban poder y funciones. Este Presidente (López Obrador) se tragó todo, no por ingenuo, sino por perverso.
Como lo dice la Constitución, un militar, un ministro, un sacerdote, puede ejercer sus derechos políticos para un cargo de elección popular, es decir, está garantizado por ley. Pero en el caso de militares en activo, por lo que conozco, descarto esa intervención por completo, no veo una intervención política del Ejército, si es que se está suponiendo como escenario las elecciones de junio de 2024. Es como las personas que no conocen la naturaleza de las Fuerzas Armadas, se preguntan qué va a pasar cuando tengan a una Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, no va a pasar absolutamente nada. Entonces me parece que en ese sentido no prevé una intervención política de sus mandos en el activo.
Además de la militarización de la seguridad pública y de varias áreas del Gobierno, en donde hay una participación intensa de los militares, como en la construcción de obras, y haciendo actividades de policía migratoria, no percibo que su participación hasta el momento signifique una amenaza al régimen democrático, por supuesto que hay involucramiento indebido del Ejército en varias esferas de la acción gubernamental, pero por el momento no detecto que haya una intención del Ejército a erosionar la institucionalidad democrática, más bien es el Presidente quien está incurriendo en esta práctica de desarticular órganos autónomos, está en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, de someter a los Poderes Judicial y Legislativo, ejercer un presidencialismo con una vena más autoritaria, pero no es propiamente el Ejército quien tiene esta intentona golpista o que esté buscando apropiarse de espacios políticos.
¿Puede reformarse realmente al Ejército? ¿Será un ente incorruptible y transparente?
Son procesos graduales. Un ejemplo es la Suprema Corte que durante décadas fue una caja negra y que muy gradualmente, a partir de los años 90, se empezó a vigilar. Lo mismo está pasando con el Ejército, yo creo que cada vez está más escudriñado. La difusión de los Guacamaya Leaks fue un punto de quiebre de información para poder entender mejor cómo funcionan las Fuerzas Armadas. Pero esos procesos no se dan de la noche a la mañana. Así como ignoramos cuál vaya a ser la consecuencia del empoderamiento de los militares en el Gobierno de López Obrador, también ha habido una mayor vigilancia del Ejército, y gradualmente más sectores entiende la importancia de vigilarlos.
Un camino que no se ha explorado es la inoperancia del Legislativo. Las comisiones de seguridad no funcionan, no vigilan, no supervisan, no cuestionan a las Fuerzas Armadas por decisiones del Ejecutivo y de la mayoría, y me refiero sobre todo a Morena. Siempre ha sido así, una manera de que el Ejército se transforme es que el Legislativo empiece a vigilar a las Fuerzas Armadas, ya por supuesto lo que hacen los medios de comunicación y diferentes oficinas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay un buen número de entidades que pueden hacer algo más de lo que hacen. También tenemos que presionar con mucha fuerza a los partidos políticos para que propongan a legisladores que entiendan al Ejército y las Fuerzas Armadas, pero son procesos. Nada va a cambiar de la noche a la mañana.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador todavía tiene tiempo para dejar un proceso de justicia debidamente encausado, aunque no concluya durante el año que aún queda, pero es tiempo suficiente para encausarlo. Lo mismo respecto del 68 que respecto de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Yo finalmente demando la aplicación de los principios universales pactados por el Estado mexicano en el compromiso de la humanidad para castigar los crímenes de lesa humanidad: Verdad-Justicia (castigo a los culpables)-Reparación del daño-Memoria-Garantía de no Repetición.
Estamos a punto de iniciar un nuevo período en la vida política de México, es importante pavimentar los caminos de la verdad y la justicia para que por ellos transite la construcción de un México mejor, capaz de vencer a la desigualdad y sembrando libertad y democracia luchando unidos.
Decir que puede haber otro Ejército es una afirmación que no tiene sustento. Es sólo una cuestión declarativa. Si fuera otro Ejército, ya tendría que haber rendido cuentas por los crímenes del pasado, haber castigado a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. También tendrían que haber atendido las sentencias que se han dado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde señalan al Ejército como responsable de graves violaciones. Pero no se han cumplido estas sentencias, no se ha cumplido tampoco la recomendaciones que las diferentes relatorías de la ONU han emitido. Para cambiar realmente a los cuerpos militares, tiene que haber ante todo transparencia, rendición de cuentas, que mandos civiles estén en los cargos de seguridad pública, en procuración de justicia, y aquí vamos al revés.
Para decir que estamos ante un Ejército incorruptible hay que tomar en cuenta a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, de casos de desapariciones. No porque haya recursos económicos y se involucre más al Ejército en tareas civiles se puede decir, ya en automático, ya por decreto, que es incorruptible y es transparente. Al contrario, ¿qué tan transparente puede ser el Ejército cuando no está entregando los archivos que han pedido las madres y padres de Ayotzinapa?
De todos modos, si se pudiera reformar el Ejército, este cambio no tendría que venir sólo de una orden presidencial. Tendría que ser una discusión de qué tipo de Ejército queremos, con la sociedad, con los diputados y diputadas, porque de lo contrario estaríamos fortaleciendo al Ejército como está pasando hoy a contrapelo de una sociedad que no ve justicia, no ve seguridad ni transparencia en las Fuerzas Armadas.
Por supuesto que puede reformarse. Pero se requiere voluntad política de la siguiente Presidenta y la elección adecuada de los siguientes Secretarios de Defensa Nacional y Marina.
México necesita que sus Fuerzas Armadas se modernicen en administración, doctrina de seguridad nacional y defensa, y en equipamiento y tecnología. El Ejército no puede reformarse desde afuera, requiere acuerdo civil-militar.
El Ejército como parte de las instituciones mexicanas es igual a otras, es corruptible, y no le gusta la transparencia, por esto debe obligársele. El Ejército es una fotografía del pueblo al que sirve, ni más ni menos. Es por el poder que tienen que se les debe acotar
Todas las instituciones, sin excepción, están en proceso constante de adaptación, y en el caso de un régimen presidencialista como el nuestro, los planteamientos que haga el Presidente en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pues evidentemente implican ajustes o reformas a las Fuerzas Armadas, en este sexenio ha sido clara esta situación, cuando fue Secretario el General Clemente Vega García (2000-2006) se crea la unidad antiterrorista para atender en ese contexto lo que había sucedido en septiembre de 2001, entonces sí se reforman. Otro cambio importante es la inclusión de mujeres, ya no sólo están en servicios, sino son comandantes de tropas en unidades de Artillería o Infantería, en ese sentido, sí hay cambios constantes.
En el caso de que si es corruptible y transparente, tiene que ver con la naturaleza de las instancias de las Fuerzas Armadas en las democracias, pueden ser objeto de tentaciones y corrupción, como cualquier otra instancia, sólo que sus controles son más estrictos; y la transparencia se ve limitada por la naturaleza de sus funciones, de responsabilidades de alta sensibilidad sobre temas de defensa y seguridad nacional.
La transición política del año 2000 fue incompleta en gran parte porque ésta no alcanzó a las Fuerzas Armadas. Hoy, estas continúan trabajando bajo una lógica muy similar a la de hace 50 años. Siguen siendo un enclave autoritario en un país que, con sus inercias y dificultades, pretende avanzar hacia un orden democrático. El Ejército no podrá reformarse si antes no se investiga su pasado.
El Ejército nunca ha sido incorruptible y tampoco transparente, ha habido casos de integrantes del Ejército realizando tareas de seguridad pública, con el General (José de Jesús) Gutiérrez Rebollo (condenado a 40 años de prisión por varios cargos) que fue titular de Instituto Nacional para el Combate a las Drogas en el sexenio de Ernesto Zedillo y su condena tuvo que ver por su relación con Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, ha habido Generales que han participado en hechos de sangre, de represión y de violaciones a los derechos humanos, de los cuales apenas vamos teniendo conocimiento.
No hay en el Ejército una auténtica rendición de cuentas, tampoco acciones de procuración de justicia al interior para resolver controversias, y gozan los militares de un año de impunidad para las acciones en las que se ven involucrados a petición de los civiles, teniendo a un Ejército que no rinde cuentas y que también es corrupto. En unos años, seguro tendremos conocimiento de casos de casos de corrupción de la élite castrense, encontraremos una burda burguesía militar formada por Generales y coroneles que se están enriqueciendo de manera indebida con la llegada de estos enormes presupuestos que administran los militares.