Tras seis meses y ocho días de buscarlos, la activista y abogada mixe Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández Hernández fueron localizados sin vida.
Sus restos fueron hallados en el interior de un inmueble ubicado en Santiago Sochiapan, un municipio del estado de Veracruz, según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca.
Activismo y denuncia contra funcionarios
Sandra Domínguez era una figura activa en la defensa de los derechos humanos. Su nombre cobró notoriedad por haber expuesto públicamente a un grupo de funcionarios del estado de Oaxaca, que a través de un chat de mensajería divulgaban contenido íntimo de mujeres indígenas sin su consentimiento, un acto que, aseguró, atentaba contra su dignidad y privacidad.
Entre éstos se encontraba Donato Vargas Jiménez, actual coordinador Estatal de delegados por la Paz del Gobierno estatal.
Sobre estos chats denominados “Sierra XXX” y “Mega Peda”, con contenidos que violan la privacidad de las mujeres y la Ley Olimpia (al asegurar que algunos fotos fueron robadas o compartidas sin autorización), se dio parte al Gobernador morenista de Oaxaca, según acusó la activista.
En ese entonces, colectivas feministas exigieron la salida de este funcionario, pero continúa en el cargo.
Investigación conjunta y hallazgos clave
En la búsqued, la Fiscalía de Oaxaca coordinó esfuerzos con diversas instituciones federales y estatales, civiles y militares. Un momento crucial en la investigación fue el operativo llevado a cabo el 29 de enero de 2025 en el rancho denominado “El Capricho”, ubicado en el Municipio de Nazareno, Sochiapan, Veracruz.
El objetivo principal era la detención de Artemio García Torres, propietario del rancho y señalado como uno de los principales sospechosos de la desaparición de Sandra y Alexander.
Sin embargo, el operativo se tornó violento cuando los elementos de seguridad fueron agredidos con disparos de arma de fuego, lo que resultó en un enfrentamiento donde García Torres y dos de sus acompañantes perdieron la vida, al igual que un agente de la SSPC.
Las investigaciones arrojaron hallazgos importantes en el Estado de Veracruz, como la localización de la camioneta de las víctimas abandonada en la localidad de Playa Vicente, y el aseguramiento del teléfono de Sandra Domínguez en la comunidad de El Nigromante, el 17 de octubre de 2024.
Esto fue fundamental, ya que la información obtenida en el lugar condujo a la delimitación de las áreas de búsqueda, donde finalmente se encontraron los cuerpos de las víctimas.
Adjudican asesinatos a crimen organizado
Las líneas de investigación que actualmente sigue la Fiscalía General del Estado de Oaxaca señalan como principales responsables de la desaparición y el asesinato de Sandra Domínguez y Alexander Hernández a integrantes de células delictivas con presencia y operaciones en el Estado de Veracruz.
Esta hipótesis se basa en las evidencias recabadas durante las investigaciones y en el contexto de la violencia que azota la región.
Además, las autoridades informaron sobre la vinculación a proceso y prisión preventiva de una mujer identificada con las iniciales C. E. R. M. en relación con este caso.
Despedida, reacciones y demanda de justicia
Las autoridades aseguran que la investigación continúa para lograr el esclarecimiento total de este crimen y llevar ante la justicia a todos los responsables.
La desaparición de la abogada generó diversos pronunciamientos de activistas que exigen justicia. Organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, incluyendo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se han sumado al llamado.
Donato Vargas Jiménez, el funcionario señalado por Sandra Domínguez, negó las acusaciones en su contra, atribuyéndolas a motivaciones políticas.
Por otro lado, el Gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, criticó las declaraciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que sugerían inacción por parte de la Fiscalía, defendiendo el trabajo realizado por la institución.
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