LAS QUEJAS
De enero de 2015 a diciembre de 2020, la CNDH reportó 710 quejas y 47 recomendaciones por casos de violencia obstétrica. De las recomendaciones emitidas, únicamente 21.3 por ciento fueron cumplidas totalmente, según el informe “Justicia olvidada. Violencia e impunidad en la salud reproductiva”, elaborado por las organizaciones GIRE e Impunidad Cero.
ESTERILIZADA SIN CONSENTIMIENTO
Las deficiencias en la atención de la salud obstétrica tienen efectos diferenciados en ciertas poblaciones, sobre todo en el caso de poblaciones indígenas, personas con discapacidad y personas con rezago social y económico.
En Jalisco, Sonia fue esterilizada sin su consentimiento por médicos que consideraron que por tener un tipo de discapacidad, ella y su esposo no deberían tener más hijos.
En febrero de 2017 parió a su hijo entre regaños de doctores en un hospital del IMSS, quienes consideraron que ya no debería procrear. A sus padres y esposo una doctora les comentó que Sonia estaba de acuerdo con la oclusión tubaria bilateral, creyeron y firmaron como testigos.
A ella sólo se le informó que ellos habían aceptado el procedimiento. Tras advertir el engaño, interpusieron un amparo. La Primera Sala de la Suprema Corte lo aceptó y falló a su favor en febrero de 2018.
CESÁREAS FORZADAS
En 2016, a Elizabeth le hicieron una cesárea en Cuernavaca, Morelos, que además fue mal practicada pues la cortadura se extendió hasta el recto.
Ella reportó que sentía malestares, los médicos del IMSS la examinaron, le indicaron que tenía un desgarre de cuarto grado y le hicieron una cirugía, pero no se le realizó la reconstrucción que necesitaba y así fue dada de alta.
Demandó y se le concedió la reconstrucción y la indemnización. Su caso se cerró en diciembre de 2021, hasta que se llegó a un acuerdo.
En Puebla, a Liliana le perforaron la vejiga. Presentó malestares post parto. El médico responsable en el IMSS consideró que sólo se trataba de una infección urinaria.
Acudió a una clínica privada y le detectaron salida de la orina por la vagina, también se le había perforado el útero. Liliana presentó un recurso legal en ese entonces, cuanto tenía 26 años. Perdió el útero y, con él, su proyecto de vida. Desde 2013 ha recurrido a varias instancias en búsqueda de justicia, que no ha llegado.
FALLECIÓ SIN ATENCIÓN
Anita en Puebla murió por no ser atendida. “Aún falta tiempo, vuelvan más tarde”, fueron las palabras de médicos ante la insistencia en el Hospital Comunitario de Hueuetla.
El 2 de agosto de 2018 empezó a sentir contracciones desde las 8:00 de la mañana, pero se le negó el servicio. A las 16:00 horas de ese día le pidieron esperar. Los familiares no se querían mover, a las 22:00 horas siguieron las molestias, pero fue hasta las 4:00 horas del siguiente día que ingresó a la sala del hospital.
A las 8:00 horas del 3 de agosto, la doctora salió a decir a sus familiares que Anita había fallecido. Que “no había puesto de su voluntad” y que habían decidido no sacar al bebé porque se dieron cuenta que Anita no lo quería.
En mayo de 2019, familiares interpusieron una queja ante la CNDH, ésta aún sigue en trámite.
LAS DEFICIENCIAS
El informe adjudica la violencia obstétrica y las muertes maternas a una estrecha relación con las deficiencias estructurales que aquejan al Sistema Nacional de Salud y que constituyen un obstáculo para la atención médica integral durante el embarazo, parto y puerperio. Resalta que es necesario que se alcance la justicia y se combata la impunidad.
DATOS PREOCUPANTES
UNA TERCERA PARTE
de las mujeres en labor de parto sufrió maltrato por parte del personal de salud.
42.8 POR CIENTO
de las mujeres informó que el nacimiento de su último hijo o hija fue por cesárea.
EN 2020
se registraron 46.6 defunciones de madres por cada 100 mil nacimientos estimados
EN ÚLTIMOS 10 AÑOS
Oaxaca, Guerrero, Nayarit y Chiapas han ocupado los primeros lugares en muerte materna.
32.8 POR CIENTO
de quejas de mujeres corresponden a servicios de salud locales .
15.4 POR CIENTO
de quejas de mujeres corresponden al IMSS y 2.3 por ciento al ISSSTE.
LARGA ESPERA
El tiempo promedio desde la fecha de presentación de la queja hasta la emisión de la recomendación para los casos de violencia obstétrica en las comisiones locales de derechos humanos fue de 606 días, aunque hay quejas que tardaron más de mil días en ser concluidas.
A nivel federal, el promedio de tiempo para su resolución, con la emisión de una recomendación, fue de 665 días.