El periodista, José Rubén Zamora, fue juzgado por cargos de lavado de dinero que, según los fiscales, se centraron en sus negocios, no en el periodismo.
Zamora, no obstante, fue absuelto de chantaje, tráfico de influencias y multado con unos 40 mil dólares.
Zamora fue el fundador y editor de elPeriódico, un diario líder en Guatemala que investigaba con frecuencia la corrupción gubernamental, incluidas las acusaciones contra el actual Presidente, Alejandro Giammattei, y la Fiscala General, María Consuelo Porras.
Para los activistas que defienden la libertad de prensa y los derechos civiles en Guatemala, el veredicto y la sentencia del miércoles (14/06/23), dictada por un panel de jueces, fue otro golpe a la tambaleante salud democrática del país, ya que el Gobierno y sus aliados han apuntado reiteradamente a instituciones clave y medios de comunicación independientes. .
Zamora, de 66 años, negó haber actuado mal y acusó al Gobierno de tratar de silenciar a sus críticos.
“Tenemos una dictadura”, afirmó a los periodistas durante un breve descanso antes de que se emitiera el veredicto dentro de una sala de audiencias en Ciudad de Guatemala, la capital. “Una dictadura velada, multipartidista y tiránica”.
Zamora se enfrentaba a muchos más años de prisión, pero los jueces determinaron que no había pruebas suficientes para respaldar los otros cargos.
Rafael Curruchiche, quien dirige la Fiscalía especial contra la impunidad que lleva el caso, señaló a periodistas que apelaría la decisión de los jueces y buscaría una pena de 40 años de prisión.
“Si decía que estaba luchando contra la corrupción, ahora es parte de esa corrupción”, dijo Curruchiche. “Él es corrupto”.
Grupos que defienden la libertad de prensa condenaron el resultado del juicio.
“La condena de Zamora sirve como un claro testimonio de la erosión de la libertad de expresión en el país y los intentos desesperados del Gobierno del Presidente Alejandro Giammattei de criminalizar el periodismo”, dijo Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York.
El juicio ocurrió cuando el país se acerca hacia las elecciones presidenciales de este mes, las cuales ya han estado plagada de irregularidades, con cuatro candidatos de la Oposición descalificados por los tribunales.
“El estado de derecho está violado”, dijo Ana María Méndez, directora para América Central de WOLA, un instituto de investigación con sede en Washington.
El caso de Zamora representa, agregó antes del veredicto, un “paso más hacia la consolidación de una dictadura en Guatemala”.
Sin embargo, a diferencia de otros países centroamericanos como Nicaragua y El Salvador, donde la democracia también se ha erosionado, el poder no se concentra en una familia o un individuo, señaló Méndez.
En Guatemala, agregó, el autoritarismo es ejercido por redes ilícitas conformadas por la élite económica, la élite militar y el crimen organizado en connivencia con la clase política.
Durante su mandato al frente de elPeriódico, Zamora fue demandado decenas de veces por el Gobierno, principalmente por calumnias, como resultado de la cobertura del tabloide.
Pero su enfrentamiento legal más grave con las autoridades inició en julio del año pasado, cuando fue puesto en prisión preventiva y acusado de varios delitos.
Como parte del caso de la Fiscalía, las cuentas bancarias de elPeriódico fueron congeladas, lo que entorpeció sus finanzas, antes de que cerrara definitivamente sus puertas el mes pasado.
El principal testigo del caso fue un ex banquero, Ronald Giovanni García Navarijo, quien dijo a los fiscales que Zamora le había pedido que lavara 300 mil quetzales guatemaltecos, o casi 40 mil dólares.
También afirmó que Zamora lo había obligado a colocar publicidad de pago anual en el periódico para evitar recibir una cobertura poco halagüeña.
Pero la Fiscalía no presentó prueba alguna que demostrara que Zamora hubiera obtenido el dinero de manera ilegal.
La mayor parte de los fondos, que según Zamora era para pagar los sueldos de los empleados del diario, procedían de un empresario que no quiso que se revelara su vinculación con elPeriódico por temor a represalias.
Su defensa se vio obstaculizada por varias medidas tomadas por los fiscales y una organización de extrema derecha, la Fundación contra el Terrorismo, que apoya a la Fiscala General.
Los críticos dicen que ha tratado de intimidar a algunos de los abogados de Zamora.
Pasó por nueve abogados defensores, y al menos cuatro han sido acusados de obstrucción de la justicia por su papel en el caso.
“La defensa de Zamora se ha visto obstaculizada desde el primer día por una puerta giratoria de abogados defensores”, dijo Stephen Townley, director legal de la iniciativa TrialWatch en la Clooney Foundation for Justice, un grupo de derechos.
Algunos de esos abogados, “parecían no tener acceso a los materiales de sus predecesores”.
Un juez que había estado presidiendo el caso anteriormente en el proceso no permitió que Zamora presentara ningún testigo y rechazó la mayoría de las pruebas que intentó presentar por considerarlas irrelevantes.
El hijo de Zamora, José Carlos Zamora, quien también es periodista, calificó el juicio de “persecución política”.
Por su parte, Giammattei, refiriéndose al caso, ha dicho que ser periodista no le da a una persona el “derecho a cometer actos delictivos”.
El miércoles, Zamora dejó en claro que apelaría el veredicto y llevaría su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parte de la Organización de los Estados Americanos.
“Todos mis derechos han sido violados”, dijo durante una declaración final en la corte.